Democracia subnacional: el caso de San Luis, un oficialismo "invencible"

Introducción

Fundamentación

Uno de los aspectos más relevantes cuando se analiza el comportamiento democrático electoral, es la posibilidad de alternancia. Es decir, si el partido político o frente oficialista continúa en el poder si triunfa nuevamente en la elección o, lo puede derrotar un partido o frente opositor, dándose así, un cambio político que puede conllevar nuevas políticas públicas, la modificación de la burocracia, un cambio en el discurso y la ideología, la participación de nuevos actores sociales, etc.

Teoría Política II y Partidos Políticos y Sistemas Electorales, son los espacios curriculares de la Carrera, que me han inspirado para este TFG. La primera me ha permitido acceder al conocimiento de autores clásicos de la democracia y la república. La segunda fue muy relevante para entender la dinámica política como tal, con instituciones fundamentales para la conquista del poder, como son los partidos políticos. Es precisamente esta tradición republicana la que parece estar en jaque hoy, a pesar de la democratización creciente en el mundo, ya que todavía subsisten Estados nacionales o subnacionales donde no hay renovación de cargos, por lo que no podrían considerarse como verdaderas repúblicas.

El presente trabajo de investigación tiene como meta aportar a la Política Comparada, claves para explicar las constantes reelecciones de los líderes por parte del pueblo, estableciendo ciertas normas generales de comportamiento político que podrían repetirse en el futuro en diferentes áreas del mundo.

El objeto de esta investigación trata sobre procesos electorales en regímenes políticos subnacionales, donde no se verifica alternancia. Las Provincias argentinas, desde la reinstauración democrática, hace 36 años, en general, han tenido más hegemonía o predominio político partidario que alternancia. Este es el caso de la provincia de San Luis en Argentina. Desde el retorno de la Democracia en 1983 hasta la actualidad, las elecciones provinciales fueron siempre ganadas por el Partido Justicialista, con lo cual el gobierno provincial estuvo siempre bajo el mismo signo político.

Adolfo Rodríguez Saa ganó en cinco elecciones consecutivas a Gobernador en 1983, 1987, 1991, 1995, y 1999 por el Partido Justicialista. Pudo presentarse continuamente como Gobernador porque la Constitución de San Luis permitía la reelección indefinida. En diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saa dejó la gobernación para asumir como Presidente de la Nación, ya que había sido elegido por el Congreso Nacional. Quien continuó el mandato provincial fue la Vicegobernadora Alicia Lemme, quien concluyó los dos años de gobierno restantes. En las elecciones de 2003 y 2007 para Gobernador venció de nuevo el Partido Justicialista con Alberto Rodríguez Saa, hermano de Adolfo. Cuando concluía su segundo mandato en 2011, Alberto decidió presentarse como candidato a Presidente de la Nación, mientras que en la Provincia de San Luis, el Partido Justicialista nombró como candidato a Gobernador a Claudio Poggi, ex ministro de gobierno provincial, quien efectivamente ganó la elección ese año. Luego en las elecciones de 2015 y 2019 ganó como Gobernador Alberto Rodríguez Saa nuevamente.

De esta manera, desde el retorno de la Democracia en 1983 hasta la actualidad, la provincia de San Luis estuvo gobernada siempre por los hermanos Rodríguez Saa como jefes del Partido Justicialista.

En comparación con otras provincias, se puede observar que algunas tuvieron un patrón de comportamiento político similar durante las décadas del `80 y `90. Por ejemplo Santa Fe, que fue gobernada por el Partido Justicialista entre 1983 y 2007, o Córdoba donde gobernó la Unión Cívica Radical entre 1983 y 1999 con Eduardo Angeloz en tres períodos y Ramón Mestre con uno[1]. Pero lo relevante es que en la mayoría de las provincias argentinas hubo un cambio de gobierno a otra fuerza política en el inicio del siglo XXI.

En Santiago del Estero ocurrió un proceso similar al de San Luis, relatado por Ortiz de Rozas[2]. En esa provincia hay prácticas electorales que persisten: las que sitúan al gobernador como el principal decisor de las candidaturas y al partido oficialista como la opción más deseada, además del control de recursos públicos por parte del gobernador. Éste cumple el rol principal en el armado de la lista oficialista para competir en la siguiente contienda electoral. Las prácticas electorales que colocan al gobernador como el elector principal gozan de una gran legitimidad entre varios actores políticos, que presentan diferentes argumentos en su apoyo al gobernador. Así Santiago fue dominio de Carlos Juárez y su familia desde el retorno de la democracia hasta 2004, cuando por una intervención federal fue nombrado Jorge Zamora quien gobernó la provincia hasta la actualidad junto a su esposa.

Entre las prácticas políticas mencionadas, se encuentra la de la personalización de la política y un mecanismo de votación basado en boletas por partido para diferentes categorías electorales que estimulan el poder electoral de una élite de candidatos populares con capacidad de arrastrar votos a sus listas[3]. En su investigación, Julio Burdman sostiene que se forma un patrón de comportamiento característico, llamado los “cabeza de lista”, que es aquel sujeto cuyo nombre es el primero y principal de la oferta electoral, el representante del partido político, quien cumple un rol central en la campaña electoral, y el que más se muestra en la prensa. En cada boleta hay un candidato cabeza de lista cuyo nombre se destaca en sentido vertical y horizontal. A este candidato se le llama “alfa”, que es el protagonista central de la oferta partidaria. La identificación entre la lista y quien la lidera es tan fuerte que lo habitual en el lenguaje cotidiano es decir: "voy a votar por tal candidato", en vez de referirse al partido o alianza que éste integra.

Además es necesario destacar el gran poder que posee el Poder Ejecutivo provincial, como nos indica el doctor Alfredo Mooney[4]. El Gobernador tiene como principales funciones ser el jefe del Estado Provincial; formula decretos y leyes; aprobar, derogar o vetar las leyes aprobadas por la Legislatura; posee iniciativa exclusiva en el dictado del presupuesto y los ministerios; celebra tratados, acuerdos y convenios con otras provincias; prorroga las sesiones de la Legislatura o puede llamar a sesiones extraordinarias; designa a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público; hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia; promueve estímulos a las actividades productivas; es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales. El exceso de poder por parte del gobernador responde a la necesidad por parte de la provincia de poseer una autoridad que tome decisiones rápidas según las circunstancias, para que sus decisiones sean valederas y tiendan fundamentalmente al bienestar general.

Algunas de esas decisiones gubernamentales para el bien común derivan en una mayor participación de la población en las políticas públicas. En la provincia de San Luis se aplicó en 2014 el llamado “Gobierno Abierto”, que como nos describe Lisandro Guiñazú[5] es una forma de participación popular en la toma de decisiones por medio de tecnologías de comunicación, principalmente redes sociales y sitios webs. Formó parte del proyecto sistémico de Rodríguez Saa llamado “San Luis Digital”, que consistió en la implementación de computadoras conectadas en red para todas las dependencias provinciales.

Por otra parte, el actual sistema político provincial, que otorga un gran poder al Ejecutivo, fue formulado en un proceso de reformas iniciados en la década del ’70 en Argentina, como sostiene Pamela Sosa[6]. Se produjo un impacto en las provincias de tres dimensiones de cambio estatal: la reconfiguración de la relación entre Nación y provincias a partir de las nuevas estructuras y funciones de las administraciones públicas provinciales y nacionales, los cambios cualitativos en la composición y el origen de los ingresos provinciales y, por último, los heterogéneos impactos en las provincias, especialmente en el desarrollo local, del nuevo perfil económico de la estructura estatal y la regulación gubernamental. Las reformas expresaron un proceso de desmonopolización y desestatalización de las relaciones socio políticas que plantearon un novedoso escenario de interacción para los actores políticos provinciales.

Es importante destacar también los procesos de cambios partidarios que se dieron en Argentina desde la crisis de 2001. Ernesto Calvo Y Marcelo Escolar[7] demuestran que mientras a nivel nacional hubo una fragmentación partidaria, en las provincias hay rasgos de continuidad política e institucional. La permanencia de victorias oficialistas, la división en dos fuerzas políticas, el control de las legislaturas por el gobernador, son algunas de las características sobresalientes. Sin embargo hay una diferenciación institucional entre las diferentes provincias, que aplican sistemas electorales que incluyen distintas formas de nominación de candidatos, leyes de lemas, internas abiertas, redistritado de secciones electorales, reformas constitucionales, reelecciones indefinidas, legislaturas con una o dos cámaras, etc., que afectan la competencia partidaria.

Esos sistemas electorales provinciales que aseguran mantener al oficialismo en el poder se correlacionan con lo que desarrolló Carlos Gervasoni[8] sobre el federalismo fiscal. Según el autor, la distribución de los recursos coparticipables es dispar entre las provincias, donde las más pequeñas y menos pobladas reciben más dinero per cápita. Esto fomentó a gobernadores que se mantienen permanentemente en el poder a raíz de la asignación de recursos a la población. Las provincias de Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero son regímenes híbridos, donde se combina el sistema democrático con formas políticas autoritarias.

Definición del Problema, delimitación temporal-espacial y metodología.

El caso de la Provincia de San Luis es emblemático, porque allí se suma continuidad del Partido Justicialista, pero con ciertos rasgos de poder nepótico. De allí nace el título de éste anteproyecto: “un oficialismo invencible” haciendo referencia a la imposibilidad de ganar elecciones provinciales por parte de la oposición.

Esta investigación intenta problematizar la larga duración del oficialismo puntano, aún durante el siglo XXI, más concretamente: ¿por qué los electores votaron siempre al oficialismo en las elecciones provinciales de San Luis? O dicho de otra forma, ¿por qué no pudo ganar otra fuerza política en esa provincia? ¿Cuáles fueron las causas por las que los Rodríguez Saá se mantuvieron en el gobierno?

El espacio de observación de la presente investigación es la Provincia de San Luis, República Argentina. No se tienen en cuenta las elecciones municipales ni las nacionales, que si bien pueden tener amplia relación, aquí se analizará sólo el distrito provincial como objeto de investigación.

En cuanto a la delimitación temporal, se considera el hecho de que en el siglo XXI las provincias argentinas vieron cambios de gobierno a otras fuerzas políticas, mientras que en San Luis no se vislumbró ese proceso. Por ello se toma como período entre 2003 y 2019, o sea, desde la primera elección del siglo XXI hasta el último año electoral donde se redactó este anteproyecto.

La metodología que se utilizará para este trabajo serán: análisis cuantitativo de elecciones, estadísticas y cuadros varios; análisis comparativo; descripción bibliográfica, análisis documental y de fuentes periodísticas.

Objetivos

El principal objetivo de la investigación es indagar acerca de los factores explicativos sobre la continuidad político-institucional del peronismo en elecciones provinciales de San Luis desde 2003 hasta 2019.

Para ello, se tiene en cuenta los siguientes objetivos específicos:

· Analizar cada elección provincial a Gobernador.

· Describir el desempeño de los principales partidos políticos de la provincia, tanto del oficialismo como de la oposición.

· Explorar sobre la existencia de mecanismos culturales o tradiciones políticas de dominación.

· Estudiar la gravitación de factores institucionales como reelección constitucional, sistema electoral, reglas sobre partidos políticos, justicia electoral, etc.

· Analizar el peso de los mecanismos de transferencia coparticipatoria de la Nación a la Provincia.

· Indagar acerca de la influencia de la política de promoción industrial desde los años ochenta en adelante.

· Investigar cuáles son las políticas públicas destacadas por la población.

Hipótesis, marco teórico y esquema de la investigación

La presente investigación tomará una explicación multicausal del fenómeno a analizar. Es decir que a la interrogación principal de este trabajo, se ofrece un conjunto de explicaciones que comprobarán la larga permanencia del oficialismo en San Luis entre 2003 y 2019.

Se sostiene que el Partido Justicialista venció siempre en las elecciones a Gobernador gracias al uso de eficaces estrategias electoralistas, que incluían presentar figuras de popularidad en los principales cargos, mientras que la oposición no presentó, durante varias elecciones, líderes de alta notoriedad para atraer a los votantes, además de que optó en ciertos comicios por no presentarse. Sin embargo el oficialismo cuenta también con ventajas para ganar que no las posee la oposición: un sistema político que le da amplios poderes al Ejecutivo, control de la justicia provincial, amplios recursos monetarios para emprender campañas, entre ellas se destaca el clientelismo político. En ocasiones la violencia política contra opositores se ha utilizado, y existe un control de los principales medios de comunicación por los Rodríguez Saá.

Por otra parte el envío de amplios recursos desde el Estado Nacional hacia San Luis, en concepto de coparticipación tributaria, significaron un engrosamiento del presupuesto provincial, que se trasladó a obras públicas de amplia aceptación social: viviendas, autopistas y obras de ingeniería civil. El beneficio otorgado por el Estado Nacional también se manifestó con las leyes de promoción industrial de las que San Luis fue favorecida y significó el asentamiento de industrias y varios puestos laborales, disminuyendo la desocupación.

El marco teórico del presente proyecto tiene a la teoría del neoinstitucionalismo de Peters, March y Olsen, como principales referentes. Es esa teoría la que permite abarcar cuáles instituciones son las que permiten las victorias constantes del oficialismo en San Luis. También se tendrá en cuenta al Institucionalismo de elección racional y como tal se tiene en cuenta la lógica de los comportamientos electorales de Anthony Downs, y la teoría sistémica de David Easton. En este caso el comportamiento electoral sirve para el análisis de elecciones puntanas. Posee una significativa relevancia para la investigación el concepto de Régimen Político y sus tipos de Oscar Oszlac para analizar concretamente el régimen puntano. Y además los trabajos de Carlos Gervasoni sobre las áreas subnacionales argentinas sirven de sobremanera a la presente investigación.

A continuación puede observarse el esquema del presente Trabajo Final de Grado:

· Capítulo 1: Oficialismo invencible. Consiste en un análisis profundo de las elecciones desde 2003 hasta 2019. Fuerzas políticas que participaron y su desempeño.

· Capítulo 2: El régimen patrimonialista puntano. Análisis de los mecanismos de dominación política por parte de los Rodríguez Saa. Descripción de instituciones, cultura política.

· Capítulo 3: La transformación de San Luis con ayuda de la Nación. Explica la transferencia de recursos de coparticipación enviados por el Estado Nacional y su influencia en el presupuesto de San Luis. La política de Promoción Industrial. Descripción de las principales políticas públicas aceptadas por la población: planes sociales, viviendas, obra pública y autopistas.

· Conclusión

· Bibliografía

· Índice

1 - Oficialismo Invencible

1.1 – Introducción

Al inicio del siglo XXI, la Provincia de San Luis atravesaba por la quinta gobernación de Adolfo Rodríguez Saa. Es que, en las elecciones provinciales del 12 de setiembre de 1999, el oficialismo ganó la gobernación con el 54,32% de los votos, secundado por la Unión Cívica Radical que obtuvo el 44,99%.

El recuento oficial de los votos otorgaba al Frente Justicialista, con la fórmula Adolfo Rodríguez Saa para Gobernador y Alicia Lemme como Vicegobernadora, un total de 86.890 votos a favor. Mientras que el frente opositor liderado por la UCR titulado Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, con Walter Ceballos como candidato a Gobernador y Juan Laborda Ibarra como Vice, obtuvo 71.968 votos. Lejos quedaba el frente Movimiento por la Dignidad y la Independencia con el 0,69% (1.103 votos).

El número oficial de votos es relevante para analizar, porque para el radicalismo la elección se perdió por una diferencia mucho menor, como indica la Presidente de la UCR del Comité Departamental de General Pedernera:

“la vez que estuvimos más cerca de poder ganar la provincia fue en el año 1999 donde la perdimos tan solo por 4.000 votos, y fue por la Ciudad de Villa Mercedes donde la oposición no se puso de acuerdo, y por mezquindades jugaron en las elecciones para otro sector y se perdió la intendencia y la gobernación”[9].

La diferencia de votos fue significativamente menor para el recuento de la oposición. El radicalismo, siendo la principal fuerza opositora, no confió más desde entonces en el recuento oficial de votos, ni en la justicia electoral provincial. Ese resultado influyó mucho en las decisiones partidarias sobre elecciones posteriores.

1.2 - La victoria abultada del oficialismo y la abstención del Radicalismo.

Para las elecciones provinciales del 27 de abril de 2003 se presentaba por el oficialismo como candidato a la gobernación Alberto Rodríguez Saa, el hermano del Gobernador en funciones Adolfo, y con Blanca Pereyra como candidata a Vicegobernadora. Esta vez el peronismo armó un frente electoral con otras fuerzas menores titulado Movimiento Popular.

La Unión Cívica Radical, como principal fuerza opositora diseñó una estrategia electoral diferente de la anterior elección. Armó un frente titulado Juntos por San Luis, pero no presentó candidato a Gobernador y Vice, en represalia al resultado electoral de 1999. Lo que pretendía la UCR era abstenerse de presentar gobernador para restar legitimidad al oficialismo y llamar a la abstención de los electores, mediante voto en blanco o voto nulo. Sin embargo, decidió presentar candidatos a Diputados y Senadores provinciales por cada departamento.

La fórmula oficialista sacó 150.995 votos (90,1%). Esto puede explicarse porque los votantes optaron solo por opciones competitivas y la principal fuerza de la oposición no presentó candidato a Gobernador. Sin embargo hay que destacar la gran cantidad de votos en blanco: 40.178 (19,27%), que es probable que votaron al candidato a Diputado o Senador provincial de Juntos por San Luis, cuya boleta no llevaba candidato a gobernador. De manera tal que el resultado abultado del oficialismo contrasta con la gran cantidad de votos en blanco, restando legitimidad a la elección.

Las restantes fuerzas opositoras, no alcanzaron el 10% de los votos, de las cuales Movimiento por la Patria y la Familia y Partido de la Lealtad Sanluiseña son autóctonas de San Luis, mientras que Izquierda Unida es un frente nacional. A pesar de los escasos votos obtenidos, las fuerzas políticas menores lograron notoriedad en la provincia y se convirtieron en parte fundamental de la oposición.

En cuanto a la elección legislativa, se renovaban 21 de 43 bancas totales de la Cámara de Diputados, de las cuales el oficialista Movimiento Popular obtuvo 14 bancas. En la oposición Juntos por San Luis obtuvo solo dos diputados, mientras que cinco bancas fueron obtenidas por cinco fuerzas diferentes: Unidad Provincial, Movimiento por la Dignidad y la Independencia, Partido de la Lealtad Sanluiseña, Nueva Integración y Acción por la República. En el Senado Provincial se renovaban 5 de 9 bancas y el oficialismo las ganó a todas.

En definitiva, la elección de 2003 fue muy favorable para el oficialismo. En primer lugar por la comodidad del abultado resultado a Gobernador, en segundo lugar por la amplia mayoría obtenida en el Poder Legislativo, en tercer lugar por el bajo caudal de votos de la oposición y en cuarto lugar por la fragmentación misma de la oposición. La principal fuerza de ella, la UCR, no logró debilitar la supremacía del peronismo provincial con su estrategia abstencionista.

Inclusive en el año 2007 el radicalismo repetiría la misma estrategia electoral: presentar a Juntos por San Luis para competir en la elección a diputados y senadores provinciales, pero abstenerse a presentar candidato a gobernador. Mientras que el oficialismo volvía a presentar a Alberto Rodríguez Saa para reelegirse como gobernador, y a Jorge Pellegrini como candidato a vicegobernador.

La elección del 19 de agosto de 2007 muestra un resultado muy similar a 2003. El oficialismo sacó 134.110 votos, un porcentaje casi igual que el anterior (86,3% frente a 90,1%), y Alberto Rodríguez Saa fue reelecto por amplio margen. Mientras que los votos en blanco fueron de 40.979 (20,9%). Se puede atribuir de nuevo esa gran cantidad de votos en blanco a la estrategia abstencionista de Juntos por San Luis, que presentó candidatos a legisladores pero no para gobernador. No solo el caudal de votos en blanco fue alto sino que nótese que la cantidad de participantes disminuyó: de 208.483 en 2003 a 196.455 en 2007, teniendo en cuenta que la cantidad de electores registrados aumentó. Sólo dos listas de la oposición presentaron candidato a gobernador y ambas no superaron el 10%: Partido Socialista y Movimiento por la Dignidad y la Independencia, que cobraron notoriedad como fuerzas opositoras.

En líneas generales se puede afirmar que la estrategia abstencionista de la UCR de 2003 y 2007 para deslegitimar la elección provincial, aunque logró traer adeptos con los votos en blanco, fue un fracaso político. Porque permitió afianzar más aún al oficialismo en el poder, hizo crecer a fuerzas políticas pequeñas de la oposición, y no mostró nuevos líderes propios o figuras relevantes para competir electoralmente contra el gobernador.

1.3 – El Frente para la Victoria como nueva fuerza y el regreso del radicalismo.

Hacia el año 2011 el peronismo de San Luis mostró ciertos cambios. Por un lado Alberto Rodríguez Saa no podía presentarse nuevamente como Gobernador porque lo impedía la Constitución, ya que la Reforma Constitucional de 2006 había establecido en el artículo 147 que el Gobernador solo podía reelegirse por un período, a diferencia de la Constitución anterior que permitía la reelección indefinida, con la que Adolfo le fue posible ser Gobernador cinco veces consecutivas. Alberto Rodríguez Saa decidió ese año presentarse como candidato a Presidente de la Nación y el oficialismo decidió nombrar como candidato a Gobernador de San Luis al Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Claudio Poggi. Como candidato a Vicegobernador iba el ingeniero Jorge Raúl Díaz de la Ciudad de Villa Mercedes.

Por otra parte, el Frente para la Victoria, liderado por el matrimonio presidencial de los Kirchner, decidió competir como fuerza opositora contra el oficialismo de San Luis. Nombraron como candidato a Gobernador a Alfonso Vergés, quien fuese Intendente de la Ciudad de San Luis entre 2005 y 2007 en reemplazo del kirchnerista Daniel Pérsico. El Gobernador Alberto Rodríguez Saa vio que competía contra los Kirchner en los dos planos, nacional y provincial. Decidió para 2011 no desdoblar las elecciones provinciales con respecto a la presidencial, por lo que se votaría el mismo día para autoridades nacionales y provinciales. La denominación del frente que el peronismo de San Luis eligió para las elecciones era Compromiso Federal: el nombre hacía referencia a la crítica de “unitario” y no federal al Gobierno Nacional en manos de Cristina Fernández.

El radicalismo, por su parte, decidió presentar candidato a Gobernador esta vez. La estrategia abstencionista había fallado para deslegitimar al régimen en elecciones anteriores, y ahora había chances de ganar ya que el peronismo se mostraba dividido. Fue erigido como candidato una figura que estaba al margen de la política: el rector de la Universidad Nacional de San Luis, José Luis Riccardo.

El resto de las fuerzas políticas opositoras de San Luis no presentó candidato a Gobernador. La irrupción del kirchnerismo en la escena política provincial, y el regreso del radicalismo, desmotivó competir en elecciones. Más bien trataron de coaligarse a las fuerzas políticas mayores.

El 23 de octubre de 2011 el oficialismo volvió a ganar la elección provincial con Claudio Poggi como Gobernador. Pero la cantidad de votos disminuyó con respecto a 2007: de 134.110 a 129.170 en 2011. Eso pudo haber sido por la fuga de votos peronistas al Frente para la Victoria.

El kirchnerismo sorprendió en esta elección como fuerza política nueva sacando el 25,5% de los votos y saliendo en segundo lugar. Capitalizó el anterior voto de los partidos opositores y atrajo a votantes ausentes del 2007. Y también parece haber sacado votos peronistas al oficialismo.

El radicalismo por su parte, salió tercero con el 16,7%. Es probable que obtuvo gran parte de los votos que en 2007 habían votado en blanco, siguiendo la estrategia abstencionista de la UCR. El tercer lugar en la elección puede corresponder con la falta de conocimiento de la figura de Riccardo, un personaje hasta entonces ajeno a la política.

Cabe destacar que el porcentaje de participación electoral aumentó con respecto a 2007: 68,3% frente al 80,8% de 2011. Llama la atención la gran cantidad de votantes en blanco del 10,5%, que a pesar de que la UCR ya no llamó al abstencionismo, siguen inconformes con el sistema político, o bien no hubo candidatos a Gobernador que fueran de su agrado.

Hacia 2015 hubo cambios en el contexto político nacional. Concluía la Presidencia de Cristina Fernández, y varios dirigentes del oficialismo se anotaban en la carrera presidencial, de la que finalmente salió ungido el Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. El peronismo disidente nacional se aglutinó en las figuras del ex Jefe de Gabinete Sergio Massa y del Gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. La Unión Cívica Radical junto a Coalición Cívica de Elisa Carrió se aliaron a Propuesta Republicana (PRO) formando la alianza Cambiemos, de la que aparecía con grandes posibilidades presidenciales el Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri.

Frente a ese nuevo panorama, los Rodríguez Saa decidieron no competir en elecciones nacionales. La atención para ellos sería la Provincia de San Luis, por lo que el ex Gobernador Alberto Rodríguez Saa decidió presentarse como candidato por el oficialismo.

El radicalismo puntano, con candidato a Gobernador ya conocido, José Riccardo, se presentaba ahora mediante la alianza Cambiemos. El Frente para la Victoria presentaría lista, con la candidatura de una figura de poca relevancia, el abogado Daniel González Espíndola, que había sido asesor del ex Senador kirchnerista puntano Daniel Pérsico. A su vez, se presentaban dos espacios políticos nuevos del vecinalismo: Movimiento de Acción Vecinal con Fabricio Noguera, y Partido Unión Vecinal con Rolando Contreras.

En las elecciones provinciales del 25 de octubre de 2015 a Gobernador de San Luis nuevamente el oficialismo venció por amplio margen (56,3% de los votos) y Alberto Rodríguez Saa fue electo por tercera vez como Gobernador de la Provincia. Es evidente que en una campaña en la que los Rodríguez Saa volcaron toda su atención en el escenario provincial, los ponía como los personajes políticos más relevantes, con mayor notoriedad.

Cambiemos con José Riccardo salió segundo, mejorando con respecto a la anterior elección: en 2011 tuvo 37.378 votos, y ahora 69.339. La mejor competitividad del sello Cambiemos y la mayor fama esta vez de Riccardo hizo aumentar la cantidad de votantes. Sin embargo estuvo lejos del oficialismo, que le sacó una ventaja de 64.450 votos (un 27% de diferencia).

El Frente para la Victoria, con un candidato menos notorio, bajó esta vez al tercer puesto (13.6% de los votos). Es probable que el oficialismo capitalizó gran parte del voto peronista que había sacado el kirchnerismo en 2011. A su vez, también el Frente para la Victoria había bajado en imagen en todo el país en 2015 a raíz de las acusaciones de corrupción en la opinión pública.

Por su parte, los partidos vecinalistas no lograron llegar al uno por ciento, ni siquiera sumando a ambos. Pero lo notorio en esta elección es la cantidad muy grande de votos en blanco: 54.680 (18,5%) que superó incluso al tercer puesto del kirchnerismo. Es evidente que gran cantidad de gente no está conforme con el sistema político de San Luis o no encuentra representación con los candidatos que se presentan. Parece que la estrategia abstencionista que había hecho la UCR en 2003 quedó instalada: parte de la población sigue intentando deslegitimar el régimen puntano con el voto en blanco.

Pero a pesar de la significativa cantidad de votantes que desconfían del sistema político de San Luis, el oficialismo ganaba nuevamente con un resultado abultado a pesar de que el voto peronista se dividió entre los Rodríguez Saa y el kirchnerismo.

1.4 – La primera elección perdida por el oficialismo.

El año 2017 marcaría el punto de inflexión de un oficialismo prácticamente invencible. Fue en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir a Diputados y Senadores de la Nación. Es que el ex Gobernador Claudio Poggi, había sido dejado a un lado por el peronismo puntano, y se integró a las filas de la alianza Cambiemos con su partido, Avanzar. La lista de Cambiemos en San Luis sería liderada por el radical José Riccardo como primer candidato a Diputado Nacional, y Poggi como primer candidato a Senador Nacional.

Frente a tal empoderamiento de la oposición sanluiseña, los hermanos Rodríguez Saa decidieron una estrategia audaz. Por un lado se presentaba el ex Gobernador Adolfo como candidato a Senador número uno, mientras que su hermano Alberto Rodríguez Saa, el Gobernador en funciones, se ubicaría en el puesto tres de la lista de Senadores Nacionales. Además buscaron una alianza con la tercera fuerza provincial, el Frente para la Victoria, por lo que el frente se denominó Unidad Justicialista. Como primer candidato a Diputado Nacional llevarían al abogado peronista Karim Alume, ya que éste se mantenía equidistante entre los Saa y el kirchnerismo.

Otras fuerzas menores también presentarían lista: GEN, Izquierda al Frente, y Partido de Trabajadores por el Socialismo. Todas ellas no compitieron en elecciones locales, sino que son partidos o alianzas que se presentaban en elecciones nacionales, y en este caso probaron fortuna en San Luis.

Finalmente, la elección Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria de San Luis del 13 de agosto de 2017 fue ganada por la Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis. Es la primera vez que la oposición sanluiseña le gana una elección provincial al oficialismo. Y más impactante fue que los hermanos Rodríguez Saa, líderes del peronismo de San Luis, iban ambos como candidatos a Senadores Nacionales. Inclusive fue grande la diferencia que Cambiemos le sacó a Unidad Justicialista, de un 19% de votos arriba. Parecía que en la elección definitiva de octubre la ventaja iba a ser de la oposición.

El resultado favorable a Cambiemos se puede explicar por ciertas variables. Se puede ver que el ex Gobernador Claudio Poggi tenía una gran imagen positiva en los votantes. Eso a pesar de que fue dejado de lado de la gestión provincial por los Rodríguez Saa. La imagen positiva de Poggi se observa porque él sacó casi un tres por ciento más de votos que su compañero de lista para Diputado, José Riccardo. Poggi actuó en la elección arrastrando votos del oficialismo, y ello sumado a los votos de Cambiemos de la elección de 2015, posibilitó su victoria.

Unidad Justicialista, a pesar de la alianza de los Saa con el kirchnerismo, no logró aportarle figuras de gran imagen para seducir a los votantes. No presentaron una lista competitiva en candidatos a Diputados Nacionales. El factor nacional también le jugó en contra, ya que la imagen del Frente para la Victoria, ahora llamado Unidad Ciudadana, había decaído a raíz de los procesos judiciales que enfrentaban su líder Cristina Fernández y sus ex ministros.

El resto de las fuerzas que se presentaron tuvieron un magro resultado. Solo el Partido de Trabajadores por el Socialismo logró por un mínimo margen (2,08%) pasar a las elecciones de octubre. GEN e Izquierda al frente no alcanzaron el piso electoral del 1,5% por ciento para ingresar a competir en los comicios generales a Diputados y Senadores nacionales de octubre. Con respecto a los votos en blanco, nótese que disminuyeron notablemente con respecto a la elección de 2015: del 18,53% (54.680 votos), al 4,63% en 2017 (12.675 votos).

Los comicios del 22 de octubre de 2017 mostraron una gran sorpresa: Unidad Justicialista logró una remontada impresionante en esta elección, ganando la misma, consiguiendo dos Senadores, Adolfo Rodríguez Saa y María Catalfamo, y dos Diputados Nacionales, Karim Alume y Victoria Rosso. Mientras que Cambiemos saliendo segundo obtuvo un Senador, Claudio Poggi, y un Diputado, José Riccardo. El Partido de Trabajadores por el Socialismo sacó un magro 1,98% que estuvo lejos de obtener un Diputado Nacional.

Parece difícil de explicar que en tan solo dos meses el oficialismo obtenga de 101.996 votos para Diputados en las PASO a 158.573 en las generales de octubre, un 18% de remontada. La diferencia que Unidad Justicialista le sacó a Cambiemos se explica por los posibles votos peronistas que Claudio Poggi había sacado a los Rodríguez Saa, y que luego éstos recuperaron de nuevo. La pérdida de votos del candidato a Senador se comprueba por el hecho de que, en las PASO, Poggi había sacado más votos que su compañero de la lista de Diputados, José Riccardo, mientras que éste en las generales de octubre sacó más votos que aquél.

Más adelante se ahondará en la explicación de la remontada histórica que logró el oficialismo.

1.5 - La división de los Rodríguez Saa y la elección de 2019

El oficialismo mostró hacia 2019 un nuevo momento de quiebre interno cuando Alberto Rodríguez Saá manifestó su ambición de ser reelecto como Gobernador, mientras que su hermano, el Senador nacional Adolfo, también deseaba presentarse como candidato a la gobernación. Antes había sido Claudio Poggi quien rompía con el peronismo provincial. Pero ahora el conflicto político era mucho mayor: los dos dirigentes que más tiempo ocuparon el Gobierno de San Luis ahora pretendían competir entre ellos en elecciones provinciales. La tensión fue de tal magnitud, que Alberto Rodríguez Saa logró expulsar del Partido Justicialista a su hermano Adolfo, junto con cien afiliados al partido que lo habían acompañado:

“El senador y ex presidente de la Nación Adolfo Rodríguez Saá fue desafiliado junto a más de un centenar de militantes peronistas por presentarse en otro frente electoral. Además, lo acusaron de irregularidades en la caja del PJ provincial y por el faltante de 14 millones de pesos. Los desafiliados integran las listas del Frente Juntos por la Gente, que responde al "adolfismo". Pero también alcanza al ex gobernador puntano Claudio Poggi, quien saltó a las filas de Cambiemos en 2017, y al intendente de San Luis, Enrique Ponce”[10]

Adolfo Rodríguez Saá, junto con sus seguidores, formó el frente Juntos por la Gente, por fuera del oficialismo provincial y del Partido Justicialista, para competir en las elecciones a Gobernador de San Luis, y para Vicegobernador postulaban al Diputado Provincial Marcelo Sosa. Mientras que el Gobernador Alberto mantenía el titulado Frente de Unidad Justicialista, y su candidato a Vice era el entonces Ministro de Seguridad, Eduardo Mones Ruiz. Éste frente estaba alineado a nivel nacional con el Frente de Todos que llevaba como candidato a Presidente de la Nación a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como candidata a Vice.

En Cambiemos, por su parte, pondrían al Senador Claudio Poggi como candidato a Gobernador, por primera vez por fuera del Partido Justicialista. Pero la novedad fue que incorporaron a la alianza al dos veces Intendente de San Luis Capital, Enrique Ariel Ponce, que pertenecía al peronismo, luego desafiliado del partido. A Ponce se le vencía en 2019 su período como Intendente y aceptó la propuesta de ir como candidato a Vicegobernador. Para Cambiemos era una oportunidad magnífica el hecho de que los hermanos Rodríguez Saá se presentaban por separado a la elección, para que el caudal de votos peronistas se dividiera, y daba oportunidad de ganar por primera vez la elección provincial desde que volvió la democracia en 1983. A su vez, para atraer votantes del peronismo y distanciarse simbólicamente con el Gobierno de Mauricio Macri, los dirigentes de Cambiemos decidieron presentarse con otra denominación de lista: San Luis Unido.

Mientras tanto, otras fuerzas de la oposición harían su reaparición. El vecinalismo puntano, que como se ha visto, se presentó a elecciones provinciales en reiteradas oportunidades, esta vez lo haría con el nombre de Unión Vecinal Provincial, con Adrián Silvera como candidato al Poder Ejecutivo. Y la izquierda de San Luis decidió competir en elecciones provinciales, pero presentaron dos listas separadas. Por un lado se lanzó Ítalo Gallardo, quien había sido candidato a Diputado en 2017 por Izquierda al Frente, ahora la fuerza se denominaba Movimiento al Socialismo. Y por otro lado el Movimiento Socialista de los Trabajadores que candidateaba a Iván Amado para Gobernador.

Finalmente, las elecciones provinciales a la gobernación del 16 de junio de 2019 nuevamente el oficialismo obtuvo la victoria, con la reelección de Adolfo Rodríguez Saá como Gobernador, pero no por un porcentaje abultado: obtuvo el 42,3% de los votos. En segundo lugar quedó la alianza San Luis Unido de Claudio Poggi, a una escasa distancia de Unidad Justicialista, con el 34,5%, una diferencia menor al 8% (22.364 votos). Relegado al tercer lugar quedó Adolfo Rodríguez Saá con el 22% de los votos. Muy lejos quedaban las otras fuerzas políticas que no llegaron al uno por ciento sumando a las tres juntas. Pero si se suma la cantidad de votos que sacó la oposición es mayor al 55%, que es una novedad en la provincia, y marca una importante posibilidad de que el oficialismo pierda una elección provincial en el futuro.

Aunque el efecto que los dirigentes de Cambiemos deseaban, esto es, que si se dividían los hermanos Rodríguez Saá se quitaban votos entre ellos, la alianza San Luis Unido no pudo ni en esa condición, vencer en elecciones provinciales. A pesar de que para la oposición fue una elección reñida en la que el oficialismo ganó por escaso margen, aun así la población terminó optando por votar mayoritariamente al mismo signo político que gobierna la provincia desde 1983.

2 – El régimen patrimonialista puntano

2.1 – Introducción

Oscar Oszlac (1980) teorizaba sobre los tipos de regímenes políticos en Latinoamérica, a través de características destacables[11]. Sobre el régimen patrimonialista mencionaba que el mismo se caracterizaba por una presencia personalista en el poder, donde el Estado funciona como una propiedad privada de quien ejerce la dominación. Aunque aparentan el funcionamiento de instituciones democráticas, el jefe ejerce un monopolio en la designación y remoción de los funcionarios del Estado. Éstos conforman un conjunto de burócratas subordinados, que están bajo el control de personas de confianza del líder. A través de este mecanismo, el régimen controla la escasa oposición organizada, manteniéndose en el poder. En esas condiciones, es factible la discrecionalidad en el manejo presupuestario, el enriquecimiento familiar, el prebendalismo y el clientelismo.

Sobre el caso de San Luis puntualmente, Carlos Gervasoni sostiene que esta provincia no necesariamente tenga el patrón de un régimen patrimonialista, ni siquiera es autoritario. San Luis, junto con otras provincias argentinas, forman parte de un grupo que Gervasoni llama regímenes híbridos subnacionales[12]. Son sistemas que combinan instituciones democráticas, como elecciones libres, con otras prácticas autoritarias. De hecho, no hay demasiadas denuncias de fraude en los comicios, y hay partidos de relevancia en la oposición, pero el oficialismo tiene posesión de un mayor presupuesto para la campaña y un control sobre los medios de prensa locales.

A continuación, se observarán algunos casos sobre prácticas políticas en San Luis, donde más que evidenciar la presencia de un régimen híbrido, demuestran características típicas de un régimen patrimonialista. Las mismas se observan en el sistema político con fuerte preeminencia del Ejecutivo, control de la justicia, enriquecimiento familiar, clientelismo, uso de la violencia política, y manejo de medios de prensa. Todos esos factores perpetuaron la dominación de los Rodríguez Saá en la provincia.

2.2 – El sistema político de San Luis

La Provincia de San Luis tiene un sistema político similar al de las demás provincias, caracterizado por la división de poderes, y por los cargos de Gobernador y Legisladores electos directamente en elecciones libres.

El Poder Legislativo se compone de dos Cámaras. Se encuentra el Senado Provincial[13], donde se elige uninominalmente, a simple pluralidad de sufragios, un Senador por cada departamento, los cuales son nueve en total. Duran cuatro años en sus funciones, con posibilidad de reelegirse un período, y cada dos años hay renovación de la mitad de la cámara. Esto último significa que en los años que se vota para Gobernador, renuevan Senador sólo cinco departamentos (Chacabuco, Coronel Pringles, Gobernador Dupuy, Junín y Juan Pueyrredón) mientras que dos años después se elige Senador en los otros cuatro departamentos (Ayacucho, Belgrano, General Pedernera y San Martín).

La Cámara de Diputados de la Provincia[14] se compone de 43 miembros elegidos por representación proporcional en cada departamento de la provincia, donde se eligen: 10 Diputados en Pueyrredón, 10 en Pedernera, 4 en Ayacucho, 4 en Chacabuco, y 3 legisladores en cada departamento restante[15]. Duran cuatro años y pueden ser reelectos por un período. Al igual que en el Senado, la cámara renueva cada dos años la mitad de sus miembros, o sea que cuando se vota para Gobernador, sólo en los departamentos Pedernera, Ayacucho, Chacabuco y San Martín, renuevan sus respectivos Diputados.

Nótese que la composición de ambas cámaras tiene una representación poblacional muy desproporcionada ya que los Departamentos de Pueyrredón y Pedernera (donde se encuentran las ciudades de San Luis y Villa Mercedes respectivamente) poseen el 76,5% de la población provincial[16]. Solamente les tocan 2 Senadores de 9 (un 22%) y 20 Diputados de 43 (46,5%). Por otra parte también hay que destacar que el Departamento Junín (donde está Villa de Merlo) es tercero en población provincial y le toca un Diputado menos que Ayacucho y Chacabuco. Este sistema desproporcional le podría ser conveniente al oficialismo, ya que puede mantener el control de las localidades menores, y por ello conseguir más representación.

El Gobernador y el Vicegobernador ejercen el Poder Ejecutivo, son electos a simple pluralidad de sufragios y duran cuatro años en su mandato con posibilidad de reelección por un período. La Constitución original redactada en 1987 preveía la reelección indefinida del Gobernador; por ese motivo, Adolfo Rodríguez Saa pudo mantenerse en el cargo por cinco períodos consecutivos entre 1983 y 2001. Pero en 2006 modificaron, por medio de una enmienda constitucional, el Artículo 147 imponiendo la posibilidad de reelección de un período solamente. El gobernador posee el poder de llamar a elecciones provinciales para los cargos Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Judicial es ejercido por el Tribunal Superior de Justicia, compuesto de cinco miembro elegidos por el Gobernador de la provincia, con acuerdo del Senado[17]. Duran en su cargo mientras mantengan su buena conducta. También se encuentra el Defensor del Pueblo[18], que es elegido por mayoría simple en ambas cámaras de la Legislatura.

2.3 – El control de la justicia

El inicio del control del sistema judicial por parte de los Rodríguez Saá comenzó en 1995 cuando en la Legislatura se aprobaron leyes que le daban más poder y control al Ejecutivo sobre la justicia:

“la familia Rodríguez Saa comenzó a ejercer una mayor injerencia sobre los tribunales y a interferir con la independencia del poder judicial desde 1995, cuando se promulgó una serie de leyes destinadas a controlar el poder judicial. Las leyes pretendían socavar la independencia judicial, limitar el control del poder judicial sobre otros poderes del Estado, imponer obediencia al ejecutivo, expulsar a los que eran renuentes a cumplir con el ejecutivo e incorporar jueces dóciles.”[19]

Luego de la aprobación de las leyes, El Diario de la República inició una extensa campaña para desacreditar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Estos renunciaron todos juntos ante las presiones, y fueron reemplazados por jueces adictos a Adolfo Rodríguez Saá:

“La aprobación de esta legislación fue acompañada por una feroz campaña de calumnias contra los jueces en El Diario de la República, que terminó con la renuncia en masa prácticamente todos los magistrados provinciales de la Corte Suprema. Esto permitió al gobierno provincial designar nuevos jueces con estrechos vínculos con el gobierno, muchos de los cuales habían ocupado cargos clave en el poder ejecutivo o legislativo.”[20]

Desde entonces, la designación o remoción de los jueces pasó casi completamente por el control del Gobernador. Como ejemplo puede tomarse el caso de la Jueza Silvia Maluf, quien se había desempeñado en ese cargo entre 1984 y 2002, año en que fue destituida por un Jury de enjuiciamiento. El mismo, fue presidido por el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia, José Catalfamo. Maluf había firmado un documento en el que se criticaba al gobierno por la injerencia del poder político en la justicia de San Luis. Fue acusada de violar la Constitución provincial, que prohíbe a los jueces hacer política, por el cargo de “intervención pública en política”, y finalmente destituída:

“Silvia Maluf es la tercera jueza destituida en San Luis por haber firmado un documento que denunciaba el control absoluto del ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá sobre el Poder Judicial provincial. El jurado que decidió removerla –integrado por personajes ligados, en su mayoría, al poder político y elegidos violando leyes locales– la acusó en forma unánime por “intervención pública en política”. Este caso es sólo una muestra de lo que viene haciendo el oficialismo puntano para garantizarse instituciones adictas. Un ataque en el que, además, las mujeres han resultado blanco predilecto.”[21]

No sólo se destituye a jueces tildados de opositores al régimen. También la justicia de San Luis protege al gobierno de los Saá desviando las denuncias en su contra. Así sucedió en 2017 luego de que la oposición de Juntos por San Luis presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la irregular transferencia de 80 millones de pesos a la Fundación Mujeres Puntanas, a cargo de la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, en el marco de la campaña política de ese año. La Corte nacional transfirió la causa al juzgado provincial pertinente de San Luis. Pero el juez de la provincia Cadelago Filippi se declaró incompetente para procesar la denuncia, y la devolvió a la Corte Suprema:

“la Justicia federal y provincial de San Luis esquivan la causa por los 80 millones de pesos que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá le entregó a una fundación creada por su hermano (…) Se conoció ayer la resolución del juez provincial Cadelago Filippi, que se declaró incompetente para tratar la denuncia de los diputados provinciales opositores Alejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Norma Pastor, Ingrid Blumencwig y Sergio Guardia. El magistrado entendió que se trata de una causa de competencia federal y remitió el expediente a la Corte Suprema de la Nación, para que resuelva qué tribunal debería tratarlo.”[22]

La Corte nacional finalmente le transfirió la denuncia al juez federal en San Luis, Juan Maqueda. Éste también se declaró incompetente, al citar que la causa era provincial y desvía desviarse al juzgado correspondiente. Nadie quiso tratar la denuncia y la misma quedó sin procesamiento. La oposición afirmó que fue la influencia que los Rodríguez Saá tienen en la justicia lo que provocó el desviamiento de la causa:

“Sucede que hace apenas hace once día también se había declarado incompetente el juez federal Juan Maqueda, que entendió que los delitos denunciados correspondían ser analizados por la justicia provincial. Detrás de ese pasamanos judicial, la oposición puntana ve la influencia de los Rodríguez Saá sobre los tribunales: “Ningún juez en San Luis se quiere hacer cargo de investigar la corrupción de los Rodríguez Saá” Dio el diputado Cacace”[23]

Así, con el control de la justicia provincial, la familia Rodríguez Saá asegura su poder, desviando las causas judiciales en su contra y evitan una imagen negativa en la opinión pública. Bill Chávez (2003) cree que a pesar de que en San Luis se respeten las instituciones democráticas, no por ello hay un estado de derecho, ya que hay una subordinación del poder judicial al Gobernador. Ese fenómeno se lo atribuye al escaso peso que la oposición tiene en esa provincia:

“en la provincia de San Luis el funcionamiento democrático no garantiza para nada el estado de derecho por existir una subordinación casi total del poder judicial al poder ejecutivo. Muchos de los hechos corroborados por la autora y que confirman estos indicadores, forman parte de la historia política de San Luis. Una de las razones -según Bill Chávez- que explican esta situación es la falta de competitividad de los partidos políticos. El predominio mayoritario del partido peronista en las elecciones para cargos ejecutivos y legislativos por casi treinta años, favoreció la intervención política, a través de distintas modalidades, sobre los jueces.”[24]

2.4 – El enriquecimiento patrimonial de los Rodríguez Saá

El poder de los hermanos Rodríguez Saá no se limitaba sólo a las cuestiones judiciales. Según distintas fuentes indican, la riqueza de ambos se multiplicó mientras ejercieron la Gobernación provincial. Sólo en un régimen patrimonialista quienes gobiernan se hacen con medios de producción locales.

La investigación judicial sobre la riqueza de los hermanos comenzó en 2002, tras el seguimiento del ex Gobernador Adolfo, quien había presentado por primera vez su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, aduciendo que poseía un monto patrimonial de 3.300.000 pesos:

“El ex presidente y ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá declaró esta semana ante la Oficina Anticorrupción tener, junto a su esposa, un patrimonio que valuó en poco más de 3.300.000 pesos. Se trata de la primera declaración jurada que Rodríguez Saá hace pública.”[25]

La declaración patrimonial fue puesta en duda por la Fiscalía Federal de Buenos Aires a cargo de Jorge Di Lelo, ya que, la denuncia que presentó el Diputado Juan Laborda, calculaba una riqueza de 22 millones de pesos, y bienes inmuebles que no fueron declarados:

“Sucede que el ex Senador está siendo investigado, desde el año pasado, por supuesto enriquecimiento ilícito por parte del fiscal federal porteño Jorge Di Lelo, por una denuncia del ex diputado de la Alianza Juan José Laborda, quien le atribuyó una fortuna de 22 millones de pesos (…) Laborda afirmó a Clarín que en la declaración jurada del ex presidente faltan algunos bienes escriturados a nombre de la mujer de Rodríguez Saá: un edificio de la calle Lavalle 1521 y otro de Mitre 919 de San Luis, con una valuación de 400.000 dólares.”[26]

Pero lo llamativo es que 14 años después Adolfo Rodríguez Saá, mientras se desempeñaba como Senador, aducía que poseía casi el mismo patrimonio sin incremento, ya que en su declaración jurada de 2016 alegaba poseer una fortuna de 3.949.312 pesos, es decir, 649.312 pesos más que en 2002, pese a que cobró como Senador y su patrimonio debería haberse aumentado. En la declaración jurada mencionaba la posesión de tres empresas, pero sin tener la propiedad de ningún bien inmueble:

“El premio principal a la caradurez se la lleva el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, quien al día de hoy sigue sosteniendo que no tiene ningún bien inmueble. El ex gobernador que más casas hizo en la historia de San Luis no tiene casa. Según “el” Adolfo, su patrimonio es de $3.949.312 y, principalmente, está compuesto por dos autos y el dinero que le reportan sus empresas Payné, Las Aguilas y Cafulcurá.”[27]

Hacia 2017 diferentes medios de prensa trascendían que Adolfo poseía tres viviendas en la provincia no declaradas, en San Luis, Potrero de los Funes y las Chacras, que superaban ampliamente el valor de la declaración jurada que había presentado anteriormente:

“El periodista y su equipo recorrieron las propiedades atribuidas a los hermanos Rodríguez Saá, entre ellas una casona en la zona de Las Chacras, donde los vecinos afirman que Adolfo cerró el acceso a un arroyo para su uso propio. También otra casa en el centro de la capital puntana que cedió a su ex mujer, y la que utiliza actualmente en Potrero de los Funes. De acuerdo con la información obtenida por PPT, la construcción de esta casa costó unos 75 millones de pesos.”[28]

El medio de prensa virtual La política en San Luis fue más allá con las denuncias de enriquecimiento patrimonial de los Rodríguez Saá. Sostiene que ambos hermanos son dueños reales de varios negocios en la provincia, pero que figuran a nombre de testaferros de su íntima confianza. Todo ello les permitiese crear una fortuna desconocida, que acrecentaron con supuestas coimas cobradas a adjudicatarios de concesiones de la provincia:

“Junto a su hermano Alberto y a través de una red de testaferros manejan empresas agrícola ganaderas, inmobiliarias, energéticas, financieras, hoteleras, gastronómicas, medios de comunicación, agencias de publicidad, importadoras, etc. Con la promoción industrial y un aceitado mecanismo de cobro de coimas para agilizar trámites comenzaron a manejar una fortuna que agrandaron con la coima y sobreprecios en la obra pública. Solo los que aceptaran ser socios y compartir el dinero de las licitaciones con la “corona” recibirían obras.”[29]

Según La política en San Luis, los hermanos Rodríguez Saá se dieron con adquisición de campos fiscales de San Luis y con la compra de otros mediante presión a vendedores:

“Crearon a la medida de sus intereses leyes para quedarse con tierras fiscales y construir hoteles sin pagar impuestos. Nacía el Adolfo ganadero y sojero que se llenó de hectáreas y el hermano empresario hotelero (…) Algunos campos fueron obtenidos con presiones y patotas, y otros con topadora, como ocurrió en Estancia Grande.”[30]

A pesar de que todas estas denuncias se han presentado a la justicia, no ha habido sentencia judicial al respecto, por lo que no puede demostrarse si verdaderamente todos los empréstitos citados pertenecen a los Rodríguez Saá. Pero si realmente los dueños de tales negocios actuaran como testaferros de los hermanos gobernantes, se confirma lo que Oszlac sostenía cuando hablaba de los regímenes patrimonialistas, de que el gobernante crea una red informal de personas de confianza para manejar funciones o negocios:

“se conforma una estructura informal relativamente cohesionada de funcionarios subordinados, controlada por una clique personal de hombres de confianza responsables del funcionamiento de ciertos organismos administrativos y militares claves. (…) el reducido peso y escasa organización corporativa de la burguesía, hace posible una relación con la misma basada en lealtades particularistas e incorporación corporativa de sus integrantes a las posiciones de poder.”[31]

2.5 – El clientelismo

Las elecciones legislativas de 2017 dejaron en San Luis una evidencia notoria de un mecanismo de clientelismo ampliamente difundido en toda la provincia por parte de los hermanos Rodríguez Saá. Los sucesos muestran que luego de perder las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de agosto 2017, el Frente de Unidad Justicialista recurrió a prácticas de compra de votos de ciudadanos para remontar la elección. Como se vio en el punto 1.4 del capítulo anterior, finalmente dieron vuelta los resultados electorales ganando los comicios de octubre del mismo año, ante el asombro de todo el país.

Era difícil explicar una remontada semejante por parte del oficialismo puntano para dar vuelta las elecciones en tan sólo dos meses. Los argumentos de los dirigentes de Cambiemos aseguran que la victoria del peronismo fue posible por el uso de estrategias clientelistas, de repartición de cheques a votantes en el marco de la campaña de 2017:

“es fruto del populismo y de prebendas. Los días previos a la elección, repartían cheques para comprar el voto (…). Los cheques a los que se refieren habrían sido entregados por la Municipalidad de Villa Mercedes, serían de cuatro mil pesos, para canjear por artículos en una casa de materiales de la construcción”[32].

No sólo cheques, sino también planes sociales se entregaron a desocupados y personas vulnerables en el lapso de las PASO y los comicios generales de octubre. Sucedió que después de las elecciones varias personas querían cobrar el beneficio y no fueron atendidos, como puede verse en la siguiente nota:

“Decenas de damnificados reclamaron en el Ministerio de Desarrollo pero no los atendieron (…), recientes beneficiarios de planes sociales por parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saa no vieron acreditados el dinero en sus cuentas (…). Semanas antes de las elecciones, en las que Adolfo Rodríguez Saa logró revertir 20 puntos de diferencia ante su contrincante Claudio Poggi en la categoría Senadores Nacionales, el gobierno provincial lanzó masivos planes sociales, programas y cuotas de asistencialismo a los sectores más humildes de San Luis”[33].

En plena campaña, los hermanos Rodríguez Saa repartían a los presentes todo tipo de beneficios materiales, donde preparaban atenciones para que los concurrentes a los actos manifestaran lo que querían obtener a cambio del voto. A continuación se ve una nota que hace referencia a la recorrida de campaña de Adolfo Rodríguez Saá:

“Se montan puestos para ofrecer soluciones a diversos problemas. Por ejemplo, se pueden pedir materiales para la construcción de viviendas, asistencia legal, viviendas, medicamentos y trabajo. (…) El candidato también recorre las plazas de los pueblos buscando votos a cambio de becas y subsidios del gobierno de su hermano”[34].

El Senador electo Claudio Poggi, junto con otros miembros de Cambiemos, fueron más allá con la explicación de la victoria del oficialismo. Como se vio en el punto 2.3, denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia que se destinaron fondos de la Provincia para los gastos de la campaña. Observaron que el Gobierno provincial le otorgó, después de las PASO, un subsidio millonario a Gisela Vartalitis, la esposa de Adolfo, que habría estado destinado a la compra de electrodomésticos para entregar en actividades proselitistas:

“La oposición de San Luis denunció por asociación ilícita y lavado de activos a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saa a raíz de la presunta entrega irregular de subsidios (…) la investigación principal apunta a la entrega de un subsidio de 80 millones de pesos por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a la Fundación Mujeres Puntanas que dirige su cuñada, Gisela Vartalitis, en septiembre de 2017”[35].

Los ochenta millones de pesos fueron transferidos justo en el lapso entre las PASO y las elecciones de octubre, por lo que la oposición afirma que fue usado para solventar los gastos de campaña, que suponían la repartición de beneficios a los votantes.

Lo que evidenció la practica clientelar de 2017, es que el oficialismo utiliza el clientelismo cuando ve que las elecciones le son adversas. Es decir, que los Rodríguez Saá reparten beneficios a cambio del voto en momentos cuando la oposición lidera las encuestas electorales, tratando de impedir la derrota del oficialismo. También la práctica clientelista evidencia la abismal diferencia de recursos entre el Gobierno provincial y la oposición para los gastos de campaña, impidiendo el traspaso del poder a otra fuerza política. Así se confirma la idea de Gervasoni cuando hablaba de las provincias argentinas con un régimen político híbrido:

“hay en la Argentina provincias razonablemente democráticas, donde las elecciones son auténticamente competitivas y representan una amenaza real para los oficialismos (por ejemplo, la CABA y Mendoza), pero también existen otras en las que, además de un nivel moderado de irregularidades electorales “clásicas” (padrones sesgados, fraude en el conteo de votos), hay importantísimas diferencias entre oficialismo y oposición en términos de los recursos de campaña básicos.”[36]

Para el Senador Claudio Poggi la diferencia de recursos para la campaña entre oficialismo y oposición es derivada de utilizar fondos directos del presupuesto provincial. Así indicaba en el Senado de la Nación que Alberto Rodríguez Saá utilizó dinero que provenía del aumento de recaudación de la coparticipación impositiva para la campaña de 2017:

“San Luis en 2015, que fue mi último año como gobernador, recibió 10 mil millones de pesos en concepto de coparticipación y transferencias automáticas y en tan sólo dos años después, se destinaron 18 mil millones de pesos, casi el doble. (…) Lamentablemente en San Luis, de ese enorme aumento de recursos coparticipables, 3.200 millones de pesos tuvieron otro destino, se desviaron a la campaña electoral del año pasado, entre las PASO y elecciones generales”.[37]

Finalmente, el líder de la oposición de San Luis afirma la existencia del mecanismo clientelista, para utilizar a las personas vulnerables a cambio del voto para seguir ganando las elecciones provinciales y mantenerse en el poder:

“En San Luis gobiernan haciendo clientelismo político y se hacen los defensores de los pobres cuando en realidad no quieren reducir la pobreza, es un doble discurso, una hipocresía total. En su visión de la política necesitan seguir teniendo ciudadanos de alta vulnerabilidad para mantenerse en el poder, a esta altura poder por el poder en sí mismo”.[38]

2.6 – La violencia política

El poder del oficialismo en la provincia de San Luis no sólo se mantenía con el uso del dinero. En algunos casos utilizaron medios violentos para amedrentar a los opositores. Así sucedió en la Ciudad de San Luis capital en 2003 en el marco de las elecciones municipales locales. Allí se encontraba el intendente en funciones Enrique Ponce que, aunque pertenecía al Partido Justicialista, era un opositor de los Rodríguez Saá y disidente dentro del mismo partido.

Ponce ese año concluía su segundo mandato como Intendente, y pretendía apoyar para la Municipalidad a un colega suyo, Daniel Pérsico. Pero desde la Gobernación provincial apoyaban la candidatura de María Torrontegui. Para tratar de lograr el efecto arrastre de la votación provincial, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá llamó a elecciones municipales de la capital el mismo día de la elección provincial para elegir Diputados Nacionales por San Luis, el 23 de noviembre de 2003:

“En virtud de la autonomía municipal, Ponce quiso separar las elecciones comunales de las provinciales. Sin embargo, la provincia, gobernada por los Rodríguez Saá –dispuesta a avanzar sobre un distrito que le era adverso- se presentó a la Justicia y pidió que la Municipalidad de San Luis unificara la fecha con la provincial, a fin de beneficiarse del efecto arrastre que tendría la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá a diputado nacional.”[39]

Pretendía el oficialismo provincial pegar la boleta de la candidata a Intendente Torrontegui junto a la de Adolfo Rodríguez Saá como candidato a Diputado nacional. Sin embargo, el intendente Ponce haciendo uso de la autonomía municipal, fijó como fecha para la elección de San Luis Capital el 9 de noviembre de 2003, en las que ganó Daniel Pérsico. Mientras que en la elección del 23 de noviembre fue elegida Torrontegui como Intendenta:

“Con Pérsico aún en el cargo, esta segunda elección dio el triunfo a María Angélica Torrontegui, candidata del gobierno provincial de Rodríguez Saá. Esa misma madrugada la casa de Pérsico fue baleada. Así se inició un clima de violencia en San Luis que duraría un año entero.”[40]

El Tribunal Superior de Justicia, adicto al Gobernador Alberto, falló a favor de Torrontegui como Intendenta legítima, mientras que Daniel Pérsico asumió también como Intendente apoyado por vecinos de San Luis. Pero personas no identificadas dispararon balas de fuego contra la casa de Pérsico. En apoyo de éste, vecinos, docentes y estudiantes autoconvocados comenzaron a realizar marchas en la capital y en clara oposición al Gobierno provincial. Manifestaciones de trabajadores provinciales que reclamaban su pago también se sumaron a la protesta, docentes realizaron paro de actividades y estudiantes tomaron escuelas:

“la multisectorial (congregación de trabajadores viales, docentes, municipales y de otros sectores) comenzó a reclamar el pago de sueldos atrasados. Estos sucesos desencadenaron manifestaciones –algunas violentas- y la tomas de varias escuelas”.[41]

El grupo de presión que se formó, conocido como la multisectorial, pedía incluso la renuncia del Gobernador y la intervención federal. Alberto Rodríguez Saá reaccionó enérgicamente. Intervino institutos de enseñanza media designando nuevos directores y expulsando directivos, ante la protesta de los padres de los estudiantes ante estas medidas. Reprimió las manifestaciones de la oposición y de estudiantes con la fuerza policial:

“la decisión de “normalizar” institutos docentes dejando cesantes a centenares de directores y reemplazarlos por “normalizadores” (allegados al gobernador) despertó una ola de críticas y movilización por parte de padres y docentes. Por otro lado, la intervención gubernamental de cuatro institutos que hasta entonces se encontraba en manos de la Iglesia Católica desencadenó fuertes acusaciones por parte del obispo de San Luis hacia el gobernador. (…) En la provincia continuaba la tensión con manifestaciones de la oposición, manifestaciones de apoyo al gobierno, paros docentes, toma de escuelas. Algunos de estos episodios fueron pacíficos. En otros, hubo represión generalizada por parte de la policía provincial.”[42]

El conflicto político duró todo el año hasta noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Daniel Pérsico como Intendente legítimo de la Ciudad de San Luis. La tensión social terminó y no hubo desde entonces otro estallido de protestas generalizadas contra la gobernación en toda la provincia.

Pero lo que demostró el caso de la elección municipal de San Luis de 2003, es que los Rodríguez Saá están dispuestos al uso de la coerción contra protestas opositoras, y aunque no puede atribuírseles los disparos efectuados a la casa del Intendente Daniel Pérsico, es obvio que éste suceso violento tenía una clara intencionalidad política. Pero también se demostró con este episodio que sólo el poder del Estado Federal, en su intervención en la Provincia, puede doblegar la voluntad del régimen local.

2.7 – El manejo de los medios de comunicación

María Gloria Trocello, haciendo un análisis cultural sobre el régimen puntano, afirma que Adolfo Rodríguez Saá como Gobernador apuntó al capital cultural de la provincia al sostener un discurso que pretendía crear una identidad colectiva de los sanluiseños. Pero eso fue posible con la posesión de los medios de comunicación, el control de la burocracia y de todas las instancias de la educación:

“La política cultural de Adolfo Rodríguez Saa ha rescatado en alto grado el sentido de pertenencia de los sanluiseños, los medios de comunicación que manejan la agenda pública son “adolfistas”, la única burocracia de importancia es provincial (y como consecuencia monopoliza y homogeneiza la información), y sobre todo – a excepción de la Universidad Nacional de San Luis -, todas las instancias oficiales de la educación son controladas por el Estado Provincia.”[43]

En el punto 2.4 se hacía referencia de que los Rodríguez Saá tenían posesión de medios de comunicación de San Luis, entre ellos el grupo Payné, que Adolfo la declaraba oficialmente como de su propiedad. Pero la adquisición de medios de comunicación por parte de la familia gobernante empezó desde la década de 1980, cuando aliados de Adolfo adquirieron el Diario de San Luis y la Opinión, que eran los principales de la provincia. Luego fueron por la posesión de los canales de televisión de San Luis como puede verse a continuación:

“A mediados de los años ochenta, San Luis contaba con dos diarios locales: “El diario de San Luis” y “La Opinión”. En 1984, colaboradores cercanos al gobernador compraron El diario de San Luis. Unos pocos años más tarde, colaboradores de los Rodríguez Saa adquirieron La Opinión, que fue gestionado por un familiar y cerrado en el 2004. Después de 1984, los directores del Diario de San Luis, fueron personas que habían ocupado u ocuparían puestos clave en el gobierno. En 1996 la dirección del diario recayó en una hermana de los Rodríguez Saa, Zulema Rodríguez Saa de Divizia. Del mismo modo, la televisión también mostró un notable grado de concentración en la familia Rodríguez Saa. El gobierno provincial administra el canal provincial de aire y la televisión por cable fue independiente hasta 1991, cuando el propietario decidió vender, presuntamente debido a la presión del gobierno, a un colaborador cercano a Rodríguez Saá.”[44]

Pero el principal medio de comunicación de la provincia es el Diario de la República, periódico que se volvió el más vendido y difundido por los sanluiseños, englobando gran parte de la vida pública y ejerciendo una influencia notoria en la opinión pública. Ese periódico es de pertenencia de los hermanos Rodríguez Saá. Así lo indican María Cristina Tomadoni y Gerardo Oviedo en la revista Kairos:

“El rasgo fundamental del objeto discursivo que tratamos, es decir, el corpus seleccionado del Diario de la República, es su capacidad para dar cuenta o autorreferir la casi totalidad de los ámbitos de la vida pública sanluiseña. Por cierto, dicha propiedad discursiva responde también a sus condiciones sociales de producción, de las que sobresalen el hecho de que se trate del único periódico de alcance provincial, siendo además propiedad de la familia Rodríguez Saa, al igual que los principales medios de comunicación de la provincia.”[45]

El periódico actúa en San Luis como órgano de formación de la opinión pública, narrador de los sucesos colectivos, de la cultura, política y economía según la visión oficialista. Es por tanto el centro de la vida puntana:

“Concretamente, el periódico, como medio de comunicación y órgano de formación de la opinión publica privilegiado, es capaz de dar cuenta de las experiencias individuales y colectivas registrables en cada nivel de constitución de la vida comunitaria en su conjunto: de la sociedad, de la cultura y de la personalidad, así como de la economía y de la administración pública; es decir, del mundo de la vida y del sistema burocrático-mercantil.”[46]

Para los autores, haciendo uso de un análisis del discurso, el Diario de la República actúa como un constructor de la idolatría del Gobernador y de un destino trascendental del pueblo sanluiseño, utilizando las representaciones de la opinión pública:

“Si consideramos que el Ídolo que articula simbólicamente las representaciones sociales de la opinión publica sanluiseña es el “destino de grandeza del pueblo puntano”, habremos de reconocer en una serie de imágenes y de prácticas las objetivaciones necesarias de esa figura idolátrica cuya mediación principal corre a cargo de la propia persona del gobernador.”[47]

El periódico es usado para instalar acontecimientos creados por la gobernación para la concurrencia popular, e instalarlo en la opinión pública. Los eventos forman parte del sistema de dominación. Véase lo que Tomadoni y Oviedo mencionan con respecto a la festividad del “Cristo de la quebrada”:

“Las notas referidas a las actividades con que se celebra la festividad provincial del “Cristo de la Quebrada”, aparecidas los días 24,25,27 y 28 del 4/99 y 2,3,4,5 del 5/99, ponen de manifiesto el dispositivo de instalación de una temática específica a lo largo de un cierto periodo de tiempo, obedeciendo a los parámetros de la dominancia secuencial. Así, en el marco de los valores religiosos tradicionales en los que EL DIARIO DE LA REPUBLICA inscribe el desarrollo de las festividades paso a paso, se “informa” sobre las acciones de la administración pública (…) Con ello vemos como el periódico articula enunciativamente, por medio de la estrategia de una determinada dominancia secuencial, la intervención sistémica de la burocracia y el mercado en un acontecimiento civil del mundo de la vida.”[48]

3 – La transformación de San Luis con ayuda de la Nación

3.1 – Introducción.

La victoria de los Rodríguez Saa en todas las elecciones no sólo fue posible por efectivas tácticas electorales, clientelismo o dominación. Fue también importante la cantidad de políticas públicas realizadas gracias a un presupuesto provincial engrosado, capaz de producir obras y otros tantos beneficios para los puntanos. Ello fue posible por el ingreso extraordinario de la coparticipación de impuestos del Estado Nacional, el cual redistribuye y envía aportes a todas las provincias. También San Luis fue beneficiada por la Ley Nacional de Promoción Industrial, la que permitió la instalación de varias industrias en su territorio.

Todas esas políticas contaron con la aprobación popular y es una variable más para explicar el apoyo de la población al oficialismo provincial. A continuación se verá cuál es el aporte de la Nación en concepto de coparticipación tributaria, la ley de Promoción Industrial y sus efectos, las políticas sociales para el empleo, la construcción de viviendas sociales, y las obras públicas más relevantes, entre ellas las autopistas.

3.2 – El ingreso de la Coparticipación.

El Estado Nacional redistribuye hacia las provincias gran parte de los ingresos tributarios recaudados. Ello lo realiza para aportar recursos a los presupuestos de las provincias, las cuales poseen deficientes mecanismos tributarios para la recaudación fiscal. Del monto de los recursos coparticipables se destinan hacia las provincias distintas cantidades, según el censo poblacional, emergencia económica y su aporte a la economía nacional.

La repartición del dinero coparticipable entre las provincias está incluida en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Las provincias poblacionalmente más grandes, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las que reciben un mayor porcentaje del dinero que las demás. Pero si se observa el monto recibido por sobre la población de cada provincia en el total nacional, se notará que hay distritos que reciben mucho menos dinero con respecto a su población (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires); provincias que reciben relativamente una cantidad similar que su porcentaje poblacional (Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones, Neuquén); provincias que reciben un monto mayor al de su población (Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán); y hay provincias que reciben un porcentaje de coparticipación por el doble o más que su proporción poblacional (Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Para Carlos Gervasoni el efecto que provoca una distribución dispar de la coparticipación es que en las provincias que reciben altos ingresos siempre gana el oficialismo, producto de la magnitud del gasto público que pueden realizar. A esos distritos los llama “provincias fiscales”, cuyo partido gobernante gana constantemente las elecciones:

“Algunos distritos son, como consecuencia de recibir elevados subsidios fiscal vía transferencias federales, auténticas “provincias fiscales” (…) Consistentemente con la tesis que vincula rentas petroleras con bajos niveles de democracia, se observan en las “provincias rentísticas” altísimos grados de hegemonía política: poca o nula rotación del partido en el gobierno, sospechosas supermayorías electorales y legislativas, llamativa escasez de medios de comunicación independientes del gobierno provincial y un muy poco efectivo sistema de pesos y contrapesos (…) En estas y otras provincias el mismo partido ha ganado ocho elecciones consecutivas para gobernador desde 1983, a menudo con enormes mayorías electorales.”[49]

En el caso de San Luis vemos como teniendo tan solo un 1,08% de la población, obtiene de la Nación un 2,2% del total coparticipable. Ésta provincia fue altamente beneficiada con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Pero el monto que realmente recibió en cada año San Luis desde 2003 fue incongruente con ese 2,2% que le correspondía por ley. Esto se dio porque el Poder Ejecutivo Nacional podía manejar el tiempo y el monto del dinero coparticipable para enviar a cada provincia.

Desde 2003 hasta 2018 el monto que recibió San Luis fue cada vez mayor. Eso fue producto de la recuperación económica del país, mayor recaudación fiscal, además de la inflación creciente y la devaluación de la moneda que multiplicaron el monto recaudado en pesos. Si se observa entre 2003 y 2006 la provincia de San Luis no llegó a los mil millones de pesos por año. Ese período correspondía a la presidencia de Néstor Kirchner, cuando el país estaba en recuperación de la economía. Pero desde 2007 hasta 2015 la provincia recibió crecientemente desde mil doscientos millones de pesos, a nueve mil trescientos millones de pesos. Ese período coincidía con las dos presidencias de Cristina Fernández. Hacia 2016 el gobierno de Mauricio Macri no le envió dinero de la coparticipación a San Luis, alegando que ésta provincia tenía las cuentas equilibradas:

“Por su parte, San Luis no recibió fondos ni en 2016 ni en 2017 porque tiene las cuentas equilibradas. Córdoba, Santa Fe y San Luis se beneficiaron del fallo de la Corte Suprema que les restituyó el 15% de la coparticipación en diciembre de 2015 y la Nación lo cubrió en forma íntegra.”[50]

Cuando habla de cuentas equilibradas, hace referencia que lo que recaudaba San Luis con su sistema tributario propio, podía hacerse cargo del gasto público de la provincia. Por lo tanto, el ingreso de la Coparticipación Federal le es un monto extraordinario para utilizar en obras varias, y no en gastos fijos o gastos corrientes. Como afirma el artículo precedente, la Corte Suprema de la Nación falló en 2016 a favor de San Luis para que el gobierno nacional le restituyera el dinero de la coparticipación que le debía. Por ello desde 2017 comenzó a recibir montos enormes de dinero: de 16 mil millones de pesos a casi 23 mil millones de pesos en 2018.

El dinero que recibe San Luis por coparticipación le significa un ingreso relevante en su presupuesto. En el total de las provincias argentinas entre 2003 y 2015, el promedio de recursos obtenidos de la coparticipación fue del 48,3%. Pero en San Luis, el dinero obtenido por la Coparticipación Federal constituyó en promedio el 70,7% de los recursos totales de la provincia. El año 2003 fue el de menor contribución de la coparticipación federal en su presupuesto, un 56,9%, cuando recibió 445 millones de pesos. Mientras que 2015 fue el año de mayor participación con un 77,2%, donde había recibido nueve mil trescientos millones de pesos. Para 2016, como se vio anteriormente, esta provincia no recibió dinero de la coparticipación.

San Luis forma parte del grupo de provincias que reciben de la ayuda nacional un monto que supera el 70% de los ingresos totales provinciales, junto con Chaco, Corrientes, Formosa, San Juan y Santiago del Estero. La diferencia de San Luis con todas esas provincias es que, como se vio anteriormente, no necesita de la Coparticipación Federal para sostener sus gastos fijos, por lo que usa ese dinero para obras varias. Mientras que los otros distritos poseen deficientes sistemas recaudatorios de impuestos, por lo que dependen de la ayuda del Estado nacional para sostener sus gastos fijos, como sostiene Carlos Gervasoni, que esas provincias:

“son a) altísimamente dependientes de recursos fiscales que no surgen de cobrarle impuestos a sus habitantes, como la coparticipación y demás transferencias federales (y en algunos casos las regalías de recursos petroleros y mineros), b) generan una muy escasa recaudación impositiva propia y, c) financian mediante las transferencias estados desproporcionadamente extensos, convirtiendo al gasto público provincial en la principal fuente de ingresos para los trabajadores, empresas y medios de comunicación de la provincia”[51]

3.3 – La Promoción Industrial y el crecimiento del empleo

San Luis no sólo fue beneficiada por la Nación con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. También la provincia fue beneficiada por la Promoción Industrial entre 1983 y 2011, por medio de la ley 22.021 que preveía reducciones impositivas a las instalaciones industriales. Mientras que la ley 22.702 estableció que las provincias de San Luis, Catamarca y la Rioja entraban en el mencionado Régimen, donde las empresas que se radicasen allí quedaban eximidas de pagar el impuesto a las Ganancias, sobre el capital de las empresas y al Valor Agregado. Las inversiones industriales comenzaron a llegar a la región cuyana y San Luis fue la principal beneficiaria. Esto se puede explicar porque el gobernador Adolfo Rodríguez Saa creó parques industriales en los Departamentos Pueyrredón (San Luis Capital) y Pedernera (Ciudad de Villa Mercedes), facilitando la instalación fabril. Además, San Luis estaba cruzada por las Rutas Nacionales N° 7 y N°8, claves para la circulación de mercancías entre Chile, Argentina y Brasil, por lo que la ubicación de ésta provincia, era favorable a las inversiones.

El crecimiento industrial fue vertiginoso: en 1983 la industria tenía un valor agregado de 8.665.000 pesos, y pasó a tener en 1991 un valor de 142.682.000 pesos. Es decir que según Olguín[52], el sector industrial multiplicó por veintiocho su valor, convirtiéndose en el principal sector de generación de riqueza provincial. El Producto Bruto Geográfico de la provincia se cuadruplicó durante la década del ´80, gracias al motor de la industria.

Pero en 1989 el Congreso sancionó la Ley de Emergencia Económica, que eliminaba subsidios y subvenciones de todo tipo, por lo que el Régimen de Promoción Industrial quedó suspendido. Ello supuso un freno en las inversiones de tipo industrial en San Luis.

Fue entonces cuando el Gobernador Adolfo Rodríguez Saá y su hermano, el Senador por San Luis, Alberto Rodríguez Saá, comenzaron a gestionar el regreso de los beneficios impositivos para la industria. Para ello se acercaron al presidente Carlos Menem, miembros todos ellos del mismo Partido Justicialista. Así fue que en 1991 por decreto presidencial, se restableció el Régimen de Promoción Industrial para la Provincia de San Luis. Luego en 1996 el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto 804, mediante el Ministro de Economía Domingo Cavallo, por lo que se prorrogó el Régimen por 15 años más hasta 2011.

Con ese fomento a la inversión industrial en San Luis, el crecimiento económico fue muy grande. En 1993 el Producto Bruto Interno de la provincia era de 236.504.981 pesos y hacia 2006 el PBI pasó a ser de 654.438.985 pesos. Así se puede observar que entre 1993 y 2006 el crecimiento económico fue interrumpido solo entre 1999 y 2001, la época de la crisis económica del país. El grueso de las instalaciones fabriles (90%) se radicó en las ciudades de Villa Mercedes y en la Capital. La participación de la industria en el PBI de la provincia fue muy grande en ese período: la actividad secundaria ocupaba un 58% en 1997, y un 46% en 2007.

Por otra parte, fue muy grande la creación de puestos laborales gracias a las inversiones industriales en la provincia. El desempleo fue similar que el total país desde 1980 hasta 1984 (del 2,6% al 4,6%). Pero desde 1985 hasta 2010 se observa que la tasa de desempleo comienza a ser menor en San Luis que en toda la Argentina (del 3,6 % al 1,6% en San Luis; 6,1% al 7,8% en el total país). Esto se debe al crecimiento económico e industrial que la provincia tuvo. Cabe destacar el muy bajo porcentaje de desocupación registrado desde 2004 en adelante. El desarrollo de la economía desde 2003 en todo el país repercutió muy positivamente en San Luis generando gran cantidad de puestos de trabajo. Se puede observar además que el desempleo siguió los ciclos de crecimiento económico y depresión del país: entre 1995 y 1997 primero, y entre 2000 y 2002 después, el desempleo creció.

Pero en líneas generales se puede reconocer que la Ley de Promoción Industrial, de la que San Luis fue beneficiaria, permitió un incremento de las instalaciones fabriles y un crecimiento del empleo por encima de la media del país. La sociedad puntana entendió que todo ello fue generado en gran parte por el oficialismo provincial, por lo que se deduce el correspondiente apoyo electoral que recibieron los Rodríguez Saá en elecciones provinciales.

3.4 – El Plan de inclusión social

El Gobierno Provincial ayudó a disminuir la desocupación, no sólo mediante la instalación de industrias, sino que desde 2003, durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, se generó una importante política pública, por supuesto con la utilización del presupuesto engrosado por el dinero que la Nación le envía. Mediante la Ley Provincial N° 5.373 de emergencia económica, se generó un plan de inclusión social titulado “Trabajo por San Luis”, que consistía en otorgar un subsidio inicial de 300 pesos a desocupados de la provincia. Estaba destinado para todas las personas desempleadas mayores de 18 años, pero la prioridad al acceso del plan eran las madres solteras, personas con capacidades diferentes, personas mayores y luego el resto.

Las tareas que los beneficiarios debían realizar a cambio del subsidio eran supervisadas por coordinadores de grupo, estaban ubicadas principalmente en el ámbito rural, que incluían mantenimiento de rutas, realización de canales de riego, limpieza y cultivo, como puede observarse:

“. Arreglos y limpieza de rutas y caminos de acceso a distintas localidades

. Desembanque y limpieza de canales de riego.

. Ejecución de nuevos canales de riego.

. Recuperación turística y puesta en valor de acueductos.

. Trabajos generales de limpieza y mantenimiento.

. Colonia agrícola

. En las jornadas de mal tiempo se realizan talleres de capacitación sobre diferentes temas: prevención de enfermedades, alfabetización, de tejido, artesanías y especialización para el trabajo, entre otros.”[53]

Véase que para los días adversos para el trabajo al aire libre, el Plan preveía la realización de cursos de capacitación laboral de diferentes índoles en establecimientos techados. Para el Gobierno Provincial el resultado del plan significaba una demostración de la eficacia de su administración para reducir la desocupación. En ese sentido, publicó indicadores que demostraban que durante el año 2003 la desocupación disminuyó del 11,7% al 3,7% en el segundo semestre:

“En el Libro "San Luis... una política social diferente" se manifiesta que en el primer semestre del 2003 el índice de desocupación se situaba en 11.7 y en el segundo semestre del mismo año este valor se reduce a 3.7, variación que se atribuye al impacto que el Plan de Inclusión Social produce. A pesar de esta interpretación realizada por el gobierno provincial se considera que esta política social reproduce las prácticas asistencialistas al modo de “cuando hay hambre la mejor solución es dar pan", no importa a cuántos ni cómo.”[54]

Siendo el plan “Trabajo por San Luis” un subsidio o ayuda económica, no constituía un empleo o trabajo legal propiamente dicho, pero a pesar de ello, los beneficiarios del Plan estaban destinados a trabajar para la provincia. Contaban con aseguradora de riesgo de trabajo, obra social provincial y sueldo anual complementario. Sin embargo no estaba claro cuándo el beneficiario perdía el subsidio, dejando lugar a la discrecionalidad de la administración provincial sobre el cese de funciones de algún beneficiario. Además no poseían ningún tipo de protección sindical:

“El medio ambiente laboral donde los beneficiarios realizan las tareas no reúne ni las mínimas condiciones por las que el sindicalismo ha luchado sistemáticamente, regulado por el derecho laboral monitoreado por los ministerios de trabajo y elegido como objeto de estudio de muchos especialistas sobre la problemática laboral, por lo tanto no es un tema menor.”[55]

3.5 – Las viviendas sociales

El empleo no fue la única política pública de carácter benefactora que el oficialismo puntano realizó. La obra más importante y mayormente valorada por la población fue la construcción de viviendas sociales por parte del Estado provincial. Esa política comenzó a elaborarse desde la primera gobernación de Adolfo Rodríguez Saá, desde 1983, pero comenzó a aplicarse con más amplitud desde la tercer y cuarta gobernación de Adolfo. La Secretaría de Vivienda de la provincia emprendió una gran cantidad de casas destinadas para personas sin hogar y familias trabajadoras, que pagaban en cuotas muy pequeñas y accesibles en plazos de veinte y treinta años.

Durante la tercera gobernación de Adolfo Rodríguez Saá, entre 1991 y 1995, se construyeron 9.590 casas. En la cuarta gobernación, entre 1996 y 1999, se realizaron 9.007 viviendas; mientras que en el quinto gobierno de Adolfo y que concluyó Alicia Lemme, entre 2000 y 2003, fueron construidas 8.623 casas. Ya hacia la primer gobernación de Alberto Rodríguez Saá, entre 2004 y 2007, comienza a vislumbrarse una disminución de la construcción de viviendas sociales: 3.718.

Lo relevante entre estos años citados es la importancia que representó el Estado provincial en la construcción total de viviendas. Según el INDEC[56], entre 1991 y 2000 se realizaron en San Luis 32.800 viviendas de las cuales la gobernación creó 18.921, esto es, el 58% del total construido, mientras que el 42% restante fue de iniciativa privada. Entre 2001 y 2010 se realizaron 40.738 viviendas totales, entre las que cuentan 12.017 que la provincia construyó entre 2001 y 2007.

En la segunda gobernación de Alberto Rodríguez Saá, entre 2007 y 2011, no hay datos oficiales por la provincia sobre cuántas viviendas se realizaron concretamente. Según Carlos Ponce, quien sería el Vicegobernador electo en 2011, en la gestión anterior se pudieron construir sólo 211 viviendas, cuando estaban proyectadas 6.500 para realizar, y la gobernación rechazó la propuesta del Estado Nacional para construir unas veinte mil casas:

“la falta de gestión que evidenció a toda luz la ineficiencia del gobierno de la provincia, -que ahora promete en todo el país, viviendas por noventa pesos mensuales- ya que no aprovechó su cupo de veinte mil viviendas en cuatro años, y para colmo de males, de un cupo que acordó seis mil quinientas viviendas, construyó menos de 300”.[57]

Aun así, a pesar de haber construido mucha menor cantidad de viviendas que en gobernaciones anteriores, el Ministerio del Progreso de San Luis presentaba la información de que desde 1983 hasta 2011 el oficialismo peronista construyó unas 55.430 viviendas en total, donde habitaba el 52,2% de las familias de la provincia:

“Desde 1983 a la fecha la Provincia de San Luis ha construido 55.430 viviendas sociales. Esto representa que el 52,24 % de las familias habitan una vivienda social, cubriendo la demanda habitacional ampliamente. esta estadística no tiene precedentes en el resto de la Argentina y en Latinoamérica. Este índice permitió a la Provincia de San Luis el desarrollo de un nuevo modelo de vivienda: las viviendas productivas”.[58]

Durante la gobernación de Claudio Poggi, entre 2011 y 2015, se construyeron 3.103 viviendas. La gestión oficialista contabilizaba que desde 1983 hasta 2015 fueron fabricadas 58.870 casas en total por el gobierno peronista[59]. Y en el tercer gobierno de Alberto Rodríguez Saá se crearon 1.003 viviendas, realizadas entre 2018 y 2019[60].

Es decir que el gobierno de los hermanos Rodríguez Saá, y el de Poggi, han construido cerca de 60.000 casas en la provincia, donde vive más del 50% de la población de San Luis. Ese dato es relevante para explicar que a la hora de las elecciones provinciales, más de la mitad de los votantes han recibido del oficialismo un beneficio muy grande, esto es, una casa para vivir. Y esto puede ser una de las razones más importantes del voto mayoritario que el peronismo provincial ha recibido.

3.6 – Las autopistas: la estrella de la obra pública.

Pero las viviendas no fueron la única obra realizada por el oficialismo puntano. Con el presupuesto engrosado gracias a la Coparticipación Federal, entre 2003 y 2010 fueron creadas gran cantidad de obras públicas por el Poder Ejecutivo Provincial, que incluyeron: el nuevo edificio piramidal de la Casa de Gobierno y un obelisco de 130 metros de altura en la Ciudad de San Luis; un circuito internacional para carreras de autos en Potrero de los Funes; una réplica del Cabildo de Buenos Aires con la Pirámide de Mayo en la Ciudad de la Punta; el mástil más alto del país en Toro Negro; un parque de géiseres artificiales en el embalse de Villa General Roca; un escenario flotante en la laguna Epumer; una réplica de la Casa de Tucumán en la Ciudad de San Luis; el Campus de la Universidad Provincial de La Punta junto a un planetario; y el estadio de fútbol de la Ciudad de La Punta, con capacidad para 15.000 espectadores[61]. Todo ello costó más de 433 millones de pesos, donde lo más costoso fue:

“Una pirámide vidriada de siete pisos: 350 millones de pesos. Un obelisco de 130 metros de altura: 37 millones. Un circuito internacional para carreras de autos: 50 millones. La réplica del Cabildo, con su plaza y Pirámide de Mayo: 14 millones”[62].

Todas esas obras tenían como objetivo potenciar el turismo de la provincia, además de una puesta en valor del patrimonio local. Pero sin dudas era una muestra de la magnitud de recursos que disponían los Rodríguez Saá para complacer a la población local y para proyectar su candidatura a nivel nacional.

Pero la principal obra pública realizada desde 2003 por el Gobierno de San Luis fue la construcción de autovías en el territorio provincial. Esa inversión en infraestructura servía no sólo para la circulación de mercancías y turismo, sino que potenciaba los parques industriales, dotando de vías rápidas al transporte de productos, además totalmente iluminadas.

Desde 2001 comenzaron a transformar el tramo de la Ruta Nacional N° 7, la que convirtieron en autovía con fondos provinciales. Eran 212 kilómetros desde el límite con la Provincia de Córdoba hasta el límite con la Provincia de Mendoza. El tramo fue inaugurado el 16 de abril de 2003 con el nombre de “Autopista de las Serranías Puntanas”[63].

En la primera gobernación de Alberto Rodríguez Saá proyectaron la construcción de la autovía sobre la Ruta Provincial N° 55. El 10 de agosto de 2007 inauguraron el tramo de 176 kilómetros entre Villa de Merlo y Villa Mercedes, que se bautizó como “Autopista de los Comechingones”[64]. Luego en 2009 comenzaron a construir la autovía en el tramo de 256 kilómetros desde Villa Mercedes hasta Arizona. Este trazo fue inaugurado el 19 de marzo de 2011 y se llamó “Autopista por la Paz del Mundo”.

Entre 2001 y 2006 se realizó la autovía sobre la Ruta Provincial N° 20, que unía la Ciudad de Juana Koslay con La Toma, un total de 82 kilómetros. El 30 de mayo de 2006 se inauguró ese tramo con el nombre de “Autopista El Saladillo”[65]

Y finalmente, durante la segunda gobernación de Alberto Rodríguez Saá se construyó la autovía sobre la Ruta Provincial N° 3, en el tramo entre San Luis Capital hasta la Ciudad de La Punta, y de ahí hacia Villa de la Quebrada, un total de 30 kilómetros. El 24 de mayo de 2011 se inauguró con el nombre de “Autopista 25 de mayo”[66].

En total, entre 2001 y 2011 se crearon en San Luis 756 kilómetros de autovía financiados totalmente por fondos provinciales. Esa gran infraestructura fue admirada en todo el país, y muy valorada por los habitantes de la provincia. Hacia 2011 San Luis poseía el 44% de las rutas pavimentadas de Argentina.

En el séptimo Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, celebrado en la Universidad Católica Argentina, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá disertaba sobre la financiación de las autopistas realizadas en su provincia y pronunció efusivamente:

“¿Cómo es posible que San Luis logre un destacado crecimiento con el presupuesto más chico del país, equivalente al 0,4% del total de la Argentina, y tengamos el 44% de las autopistas totales? Esto se debe a que nuestro presupuesto es equilibrado. Por esto el 50% del presupuesto de San Luis va al gasto corriente y el otro 50% a las cuentas de inversión”[67].

Claramente como Alberto lo indica, y como se explicaba en el punto 3.2, el Gobierno Provincial de San Luis poseía un gasto fijo permanente que podía solventar con el dinero recaudado en la provincia, esto es, como decía el Gobernador, un 50% del presupuesto. Mientras que el otro 50% para “cuentas de inversión” son los recursos que ingresaron vía Coparticipación Federal desde el Estado Nacional. Esa cantidad significativa de dinero fue la que permitió financiar todas las políticas públicas de gran valoración para la población de San Luis: planes sociales, viviendas sociales, obras públicas varias y numerosos kilómetros de autopistas.

Conclusión

A lo largo del presente proyecto de investigación se pudo comprobar la hipótesis planteada en la introducción.

En el capítulo N°1 se vio que el oficialismo peronista entre 2003 y 2019 venció en todas las elecciones a Gobernador que se realizaron en San Luis. En 2003 y 2007 ganó Alberto Rodríguez Saá la gobernación, con porcentajes abultados: 90,1% y 86,3% respectivamente. Esos resultados fueron posibles porque la principal fuerza de la oposición, la Unión Cívica Radical, no presentó candidatos a Gobernador. La estrategia opositora era deslegitimar al régimen provincial, al que acusaban de fraude en las elecciones de 1999, y llamaron a la abstención en los comicios a los votantes. Esa pésima táctica electoral, aunque consiguió altos porcentajes de votos en blanco (19% y 21%), afianzó más al oficialismo en el poder, el cual fue haciendo crecer en fama y popularidad a figuras del gobierno.

Hacia 2011 los Rodríguez Saá apoyaron la candidatura del Jefe de Gabinete provincial, Claudio Poggi, figura bien conocida por la población, quien ganó la gobernación con el 58%. En esa elección, hubo una fuga de votos peronistas hacia el Frente para la Victoria, que presentó al Intendente de San Luis Capital, Alfonso Vergés, y consiguió el segundo puesto. Mientras la UCR volvió a presentarse en comicios pero con una figura poco conocida en política: el rector de la Universidad Nacional de San Luis, José Riccardo. La mala estrategia del radicalismo fue pagada con un magro tercer puesto con el 17%.

Para las elecciones de 2015 se invirtieron los roles en la oposición: el kirchnerismo presentó un candidato poco conocido para la gobernación, Daniel González Espíndola, mientras que el radicalismo conformó la alianza Cambiemos, junto con otras fuerzas menores, y presentaron de nuevo a José Riccardo como candidato a Gobernador. Pero el oficialismo fue con figura ya bien conocida, Alberto Rodríguez Saá, quien finalmente ganó con el 56% de los votos. Cambiemos logró el segundo lugar con el 29%, mientras que el Frente para la Victoria sacó el 13%.

En las elecciones PASO de 2017 se dio una gran sorpresa en San Luis: era la primera vez que el oficialismo provincial perdía una elección. Cambiemos incluyó al ex Gobernador Claudio Poggi y lo presentó como candidato a Senador, mientras que José Riccardo era candidato a Diputado Nacional. Contra ellos el oficialismo realizó una eficaz estrategia: consiguió la alianza con el kirchnerismo y formó el frente Unidad Justicialista, con Adolfo Rodríguez Saá como candidato a Senador y Karim Alume para Diputado. Aunque Cambiemos logró la victoria en las PASO por el 55% y sacando una diferencia de 19% al peronismo, éste revirtió el resultado final en las elecciones de octubre: dio vuelta la elección ganando por el 55% de votos.

Hacia 2019 el oficialismo sufrió un quiebre: los dos hermanos Rodríguez Saá se presentaron como candidatos a Gobernador de San Luis. La fractura del peronismo era la oportunidad que necesitaba Cambiemos para vencer la elección, en la que presentaron a Claudio Poggi como candidato a Gobernador y como Vice al ex Intendente de San Luis Capital, Enrique Ponce. El resultado final fue la victoria de Alberto Rodríguez Saá quien ganó con el 42% de los votos, reeligiéndose como Gobernador. Pero la oposición esta vez sacó más del 55% de los votos, una novedad en la provincia, y marca una importante posibilidad de que el oficialismo pierda una elección provincial en el futuro.

En el capítulo N°2 se observó que San Luis tiene características de los regímenes patrimonialistas, factores que perpetuaron la dominación de los Rodríguez Saá en la provincia. En primer lugar el sistema político está compuesto por una Legislatura bicameral, con un Senado compuesto por nueve miembros votados uninominalmente por cada Departamento de la Provincia. La Cámara de Diputados provinciales se compone de 43 miembros en representación proporcional por cada Departamento. La composición de ambas cámaras tiene una representatividad poblacional incongruente con las circunscripciones electorales: los Departamentos más poblados de Pueyrredón y Pedernera están subrrepresentados. Este sistema desproporcional le podría ser conveniente al oficialismo, ya que puede mantener el control de las localidades menores, y por ello conseguir más representación en la Cámaras. En cuanto al Poder Ejecutivo hay similitud con otras provincias: Gobernador y Vice son electos a simple pluralidad de sufragios, duran cuatro años en su mandato con posibilidad de reelección por un período y tienen la potestad de llamar a elecciones provinciales para los cargos Ejecutivo y Legislativo. Y el Poder Judicial es ejercido por el Tribunal Superior de Justicia, compuesto de cinco miembro elegidos por el Gobernador de la provincia, con acuerdo del Senado.

Los Rodríguez Saá a partir de 1995 ejercieron un control del sistema judicial cuando en la Legislatura se aprobaron leyes que le daban más poder y control al Ejecutivo sobre la justicia. Desde entonces, la designación o remoción de los jueces pasó casi completamente por el control del Gobernador. La justicia actuó protegiendo a los Saá desviando las denuncias judiciales en su contra, y con ello evitaron su desprestigio en la opinión pública. Con esa protección del sistema, la familia dominante multiplicó su riqueza mientras ejerció la gobernación, adquiriendo bienes inmuebles que no fueron declarados, sino por medio de testaferros, no mostraron incrementos patrimoniales en sus Declaraciones Juradas ante la AFIP, y fueron partícipes en varios negocios en su provincia.

También el régimen realizó clientelismo político, evidenciado en el marco de las elecciones legislativas de 2017, donde a cambio del voto se repartieron cheques, se inscribieron beneficiarios para planes sociales, y repartición de varios beneficios materiales. El oficialismo utilizó el clientelismo cuando la elección le era adversa, repartiendo beneficios a cambio del voto en momentos cuando la oposición lideraba las encuestas electorales, tratando de impedir la derrota oficialista. También la práctica clientelista evidenció la gran diferencia de recursos entre el Gobierno provincial y la oposición para los gastos de campaña, impidiendo el traspaso del poder a otra fuerza política.

El poder del oficialismo en la provincia de San Luis no sólo se mantuvo con el uso del dinero, en algunos casos utilizaron medios violentos para amedrentar a los opositores. Así sucedió durante el conflicto político sucedido en San Luis Capital en 2003 cuando se realizaron dos elecciones a Intendente simultáneas, convocadas paralelamente entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial. En una elección ganó el candidato del peronismo disidente de los Rodríguez Saá, Daniel Pérsico, mientras que en la otra venció la candidata alineada con el oficialismo provincial, María Torrontegui. En ese contexto la casa de Pérsico fue baleada, el Gobierno reprimió las sucesivas marchas de trabajadores, docentes y estudiantes, e intervino instituciones escolares expulsando directivos. Lo que demostró el caso de la elección municipal de San Luis de 2003, es que la familia gobernante está dispuesta al uso de la coerción contra protestas opositoras.

También se evidenció que los Rodríguez Saá adquirieron los principales medios de comunicación en la provincia: los periódicos el Diario de San Luis, la Opinión y el Diario de la República, los canales de televisión provincial y el grupo de medios Payné. El uso de esos medios de comunicación les permitió crear una identidad colectiva sanluiseña, formar la opinión pública, narrar los sucesos colectivos según la visión oficialista, construir la idolatría del Gobernador, e instalar acontecimientos para la concurrencia popular.

En el capítulo N° 3 se observó cómo San Luis recibió un gran ingreso de la Coparticipación Federal de impuestos, cuyo porcentaje recibido es más del doble de su participación porcentual en la población del país. Desde 2007 la provincia recibió más de mil millones de pesos, y desde 2017 recogió más de dieciséis mil millones de pesos. El ingreso de la coparticipación federal le fue un monto extraordinario para utilizar en obras varias, y no en gastos fijos o gastos corrientes, donde la participación de ese ingreso en el presupuesto provincial significó un 70,7% en promedio entre 2003 y 2015.

San Luis no sólo fue beneficiada por la Nación con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. También la provincia fue beneficiada por la Promoción Industrial entre 1983 y 2011. Gracias a la reducción impositiva que el Estado Nacional otorgaba a las industrias que se radicaran en territorio de San Luis, gran cantidad de empresas se instalaron allí. La economía provincial repuntó impresionantemente entre 1993 y 2006: el PBI creció de 236 a 654 millones de pesos. También el desempleo disminuyó en San Luis exhibiendo porcentajes mucho menores a los del total del país. La industrialización y el crecimiento del empleo fueron políticas altamente valoradas por la población de la provincia, la que atribuyó gran parte de ese proceso a la gestión del oficialismo de San Luis. Éste también fomentó la disminución del desempleo con el plan social “Trabajo por San Luis”, que consistió en un subsidio para desocupados a cambio de trabajos varios en caminos de la provincia.

Las viviendas sociales fueron otra política muy valorada por la población, y fue la principal obra pública de la gestión de los Rodríguez Saá. Según los datos oficiales de la Gobernación, entre 1983 y 2019 se crearon casi sesenta mil viviendas sociales con recursos de la provincia, donde vive más de la mitad de la población de San Luis. Esto puede ser una de las razones más importantes del voto mayoritario que el peronismo provincial ha recibido. Pero no sólo viviendas fueron creadas por los Rodríguez Saá, sino también varias obras públicas edilicias para fines turísticos y recreativos. Y las autopistas en el territorio provincial fueron una gran obra de infraestructura altamente valorada por la población, donde se crearon 756 kilómetros de autovía entre 2001 y 2011, que representaron un 44% del total de autopistas del país. Todas esas obras fueron financiadas gracias al presupuesto engrosado de la provincia gracias al gran ingreso recibido de la Coparticipación Federal.

Así se pudieron ver en los tres capítulos las razones por las que el Partido Justicialista de San Luis, con la jefatura de los hermanos Rodríguez Saá, pudo vencer en todas las elecciones a Gobernador entre 2003 y 2019. Se puede afirmar que en esa provincia hay un sistema de partido hegemónico, y con un régimen político de característica patrimonialista, donde la familia Rodríguez Saá ejerce la dominación política por medio del control de la justicia, enriquecimiento patrimonial, clientelismo, coerción y manejo de los medios de comunicación. La población no quiso votar nunca por otra alternativa a la ofrecida por el oficialismo peronista, el cual le brindó empleos, planes sociales, viviendas, obras públicas y autopistas.

Pero aunque todos ellos fueron factores que se dieron en el marco de la Provincia de San Luis, no se debe olvidar que el Estado Nacional condicionó también ese proceso, con las leyes de Coparticipación Federal de impuestos y de Promoción Industrial. Y aunque ésta última desde 2012 ya no tuvo más vigencia, la de coparticipación aún sigue efectiva dándole a esta provincia más dinero per cápita que en la mayor parte del país. Esa cuantiosa cantidad de recursos fue usada por los Rodríguez Saá para mantener su dominación.

Desde 1983 el pueblo puntano se mostró poco interesado por los principios del republicanismo, el cual propugnaba principalmente la alternancia de personas en los cargos públicos, alternancia entre partidos políticos gobernantes, además de pesos y controles entre los Poderes del Estado. La población de San Luis en su mayoría se comportó como escasamente republicana y aceptó el régimen patrimonialista a cambio de beneficios materiales.

Para entender el apego que la gente sanluiseña tuvo con los Rodríguez Saá debería emprenderse en el futuro investigaciones de psicología, o sus ramas, y con ello comprender la mentalidad de una comunidad dentro del territorio argentino que eligió entregarle el poder a una familia durante cuarenta años.

Para el momento en que se escribe este trabajo de investigación, es dificultoso predecir qué sucederá en el futuro de San Luis. Puede haber continuidad del régimen, si bien Alberto Rodríguez Saá no podrá reelegirse en 2023, pero podría candidatearse Adolfo Rodríguez Saá para Gobernador nuevamente, o algún otro hermano o hijo de ambos. Pero podría haber una alternancia si la oposición centrada en Cambiemos realizase una eficiente campaña para la gobernación, empoderando a figuras como Claudio Poggi, Enrique Ponce o José Riccardo para que tengan amplia popularidad.

En el caso de haya continuidad del régimen de los Saá en la provincia, también estaría la posibilidad de que el Estado Nacional finalmente cambie las reglas de juego de San Luis, por medio de procesos judiciales por la Justicia nacional o la modificación de la Coparticipación Federal de impuestos. También podría realizar la Intervención Federal a la provincia misma, que en el pasado fue usada para terminar con regímenes similares: la Catamarca de los Saadi en 1991 y el Santiago del Estero de los Juárez en 2004.

[1] Ferrero, Roberto. Breve historia de Córdoba. Editorial Alción, Córdoba, 1999. [2] Ortiz de Rozas, Victoria. El gran elector provincial en Santiago del Estero (2005-2010). Una perspectiva desde adentro de un oficialismo invencible. Revista SAAP. Vol. 5 núm. 2. Noviembre de 2011. Pág. 359 – 400. [3] Burdman, Julio. Alfas, ranas y testimoniales: la cultura política de las elecciones legislativas de medio término en Argentina. Postdata v.15 n.1 Ciudad de Buenos Aires, enero/julio de 2010. [4] Mooney, Alfredo. Derecho Público Provincial. Editorial Advocatus, Córdoba, 1992. [5] Guiñazú Palombo, Lisandro. Gobierno Abierto en San Luis. La experiencia de San Luis Digital en la Administración Pública. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Rosario, 2014. [6] Sosa, Pamela. Una exploración sobre la dimensión estatal de las (probables) reglas de la política para las provincias argentinas (1976 - 2001). Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET. Vol. 14. Num. 15. Otoño 2010. Pág. 37 – 53. [7] Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo. La Nueva Política de Partidos en la Argentina: Crisis Política, Realineamientos Partidarios y Reforma Electoral. Editorial Prometeo. Buenos Aires, 2005. [8] Gervasoni, Carlos. Consecuencias Políticas del Federalismo Fiscal Argentino. Jornada Inter-académica “el Federalismo fiscal argentino” Academia Nacional de Ciencias Económicas, Universidad Torcuato Di Tella. 2013. [9] Entrevista a Ivana Ricca, Presidente de la UCR del Comité Departamental de General Pedernera. 15 de noviembre de 2019. [10] www.infobae.com “Desafiliaron a Adolfo Rodríguez Saá del PJ y se profundiza la "guerra" en San Luis”. 20 de marzo de 2019. 09:00 [11] Oszlac, Oscar. Políticas Públicas y Regímenes Políticos- Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas. Estudios Cedes . Vol. 3 Nº 2, 1980. [12] Gervasoni, Carlos. Democracia y autoritarismo en la Provincias argentinas. Revista Aportes (para el Estado y la Administración Gubernamental) Año 15 - Nº 27. Agosto 2009. [13] Constitución de la Provincia de San Luis. Artículos 109 – 111. [14] Ídem. Artículos 102 – 104. [15] Ley Electoral Provincial N° 839. Artículo 6. [16] INDEC. "Provincia de San Luis. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010". [17] Constitución de la Provincia de San Luis. Artículos 191 y 196. [18] Ídem. Artículo 235. [19] Olguín, Walter. Estudios subnacionales sobre el régimen político de la provincia de San Luis (Argentina). Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. N°42, diciembre de 2018. [20] Ídem. [21] www.pagina12.com.ar “Otra injusticia en San Luis”. Sábado, 2 de noviembre de 2002, 15:00 [22] www.lanacion.com.ar “San Luis: los jueces no quieren investigar a los Rodríguez Saá” 21/10/2017 11:00 [23] Ídem. [24] Olguín, Walter. Estudios subnacionales sobre el régimen político de la provincia de San Luis (Argentina). Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. N°42, diciembre de 2018. [25] www.clarin.com “La crisis: Presentación del ex presidente ante la oficina anticorrupción” 10/02/2002 00:00 [26] Ídem. [27] www.lagaceta-digital.com.ar “Las increíblemente irreales declaraciones juradas de Poggi y Adolfo Rodríguez Saá” 04/08/2016 21:00 [28] www.clarín.com “El feudo de los Rodríguez Saa: clientelismo y negocios en la provincia que gobiernan desde 1983” 08/10/17 12:00 [29] www.lapoliticaensanluis.com “35 años de impunidad: la corrupción de los Rodríguez Saá” 08/08/2018 22:00 [30] Ídem. [31] Oszlac, Oscar. Políticas Públicas y Regímenes Políticos- Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas. Estudios Cedes. Vol. 3 Nº 2, 1980. Pág. 28. [32] www.noticias.perfil.com. “Los cheque de los Rodríguez Saa que habrían dado vuelta la elección” 26/10/2017 [33] www.losandes.com.ar “San Luis: desocupados fueron a reclamarle a Rodríguez Saa un bono que prometió en campaña” 01/11/2017 [34] www.clarín.com “El feudo de los Rodríguez Saa: clientelismo y negocios en la provincia que gobiernan desde 1983” 08/10/17 [35] www.lapoliticaonline.com “Denunciaron a los Rodríguez Saa por usar fondos públicos para la campaña” 05/06/2019 [36] Gervasoni, Carlos. Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: La medición y causas de los regímenes subnacionales. Journal of Democracy en Español. Pág. 84. [37] www.sanluisreal.com.ar “Claudio Poggi denunció que en San Luis “$3.200 millones se desviaron a la campaña electoral” 15/11/2018. [38] Ídem. [39] Tuñón, Guadalupe. Democratización subnacional: Una exploración a la luz del caso argentino. Tesis para la obtención del título de Licenciada en Ciencia Política. Universidad de San Andrés, Departamento de Humanidades. Mayo de 2007. Pág. 82. [40] Ídem. Pág. 84. [41] Ídem. Pág. 85. [42] Ídem. Pág. 85. [43] Trocello, María. La articulación entre régimen político y cultura política. El caso de la Provincia de San Luis. Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. N°10, 2do semestre de 2002. [44] Olguín, Walter. Estudios subnacionales sobre el régimen político de la provincia de San Luis (Argentina). Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. N°42, diciembre de 2018. [45] Tomadoni, María. y Oviedo, Gerardo. San Luis: Acerca de la construcción hegemónica del discurso populista; La articulación neoliberal-conservadora en el “Diario de la República” de San Luis. Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. N°6, 2do semestre de 2000. [46] Ídem. [47] Ídem. [48] Ídem. [49] Gervasoni, Carlos. Consecuencias políticas del federalismo fiscal argentino. Jornada Inter-Académica “El Federalismo Fiscal Argentino”. Academia Nacional de Ciencias Económicas, 26 de junio de 2013. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales Universidad Torcuato Di Tella. Pág. 3. [50] www.lanación.com.ar “Las transferencias a las provincias se redujeron un 19% en un año”. 22 de mayo de 2017 [51] Gervasoni, Carlos. Consecuencias políticas del federalismo fiscal argentino. Jornada Inter-Académica “El Federalismo Fiscal Argentino”. Academia Nacional de Ciencias Económicas, 26 de junio de 2013. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales Universidad Torcuato Di Tella. Pág. 2. [52] Olguín, Walter, Páez, Marcos y Bussetti, Matías. San Luis, ¿provincia rica, población pobre? 5° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Agosto 2001. [53] Dorzán, Mirna y Arias, Luisa. De una simple mirada... a una mirada no tan simple...El Plan de Inclusión Social, " Trabajo por San Luis". Kairos, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luis. Nº 15 Marzo 2005. Pág. 4. [54] Ídem. Pág. 5. [55] Ídem. Pág. 8. [56] INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 Censo del Bicentenario Resultados de­finitivos Serie B Nº 2. Tomo 1. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Resultados Previsionales. [57] www.puntania.blogspot.com “Viviendas: Rodríguez Saá promete a nivel nacional lo que no cumplió ni en la Ciudad de San Luis”. 14/09/2011 14hs. [58] www.sanluis.gov.ar Ministerio del Progreso de San Luis. 18/09/2011 [59] www.viviendaclaudiopoggi.wordpress.com “El Gobierno entregó tres viviendas en San Pablo”. 11/02/2014 [60] www.viapais.com.ar/san-luis “Alberto Rodríguez Saá firmó los decretos para la construcción de 1.003 viviendas sociales en distintos puntos de la provincia”. 28/11/2018 18hs. [61] www.lanacion.com.ar “Desde geiseres artificiales hasta un cabildo. Las increíbles "siete maravillas" de Rodríguez Saá”. 11/07/2010 10hs. [62] Ídem. [63] www.es.wikipedia.org Ruta Nacional N°7 (Argentina). 22/07/2020 15hs. [64] www.es.wikipedia.org Ruta Provincial 55 (San Luis). 22/07/2020 16hs. [65] www.es.wikipedia.org Ruta Provincial 20 (San Luis). 22/07/2020 16hs [66] www.telam.com.ar “Inauguran nueva autopista entre San Luis y La Punta”. 11/05/2011 10hs. [67] www.elcronista.com “San Luis refuerza su red de autopistas”. 05/01/2011 18hs.